El registro de datos de los clientes que obligatoriamente deberán recoger establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y agencias de alquiler de vehículos entra en vigor este lunes con la oposición frontal de los agentes turísticos. Empresarios del sector hace meses que reclaman una nueva moratoria para una medida que ven «desproporcionada» y que consideran que añade cargas burocráticas y desincentiva el turismo.
La entrada en funcionamiento del registro se ha aplazado ya tres veces y el Ministerio del Interior rechaza ahora una nueva prórroga esgrimiendo su utilidad como instrumento policial de prevención y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en el que la logística del alojamiento y de los vehículos «es determinante», recoge la ACN.
Los datos deberán recogerse en una plataforma informática teniendo en cuenta varias categorías. Por un lado, está la información del cliente como el nombre, el sexo, el DNI, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, la dirección completa, el teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros que acompañan al cliente y la relación de parentesco, si hay un menor.
Además, se solicita información sobre la transacción –fecha, horas de entrada y salida, número de referencia–, el inmueble –si hay conexión a internet o no y el número de habitaciones–, y el pago –titular, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago–.
Están obligados a registrar los datos de los clientes hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, establecimientos de autocaravanas, agencias de viaje y plataformas de alquiler de pisos turísticos, empresas de alquiler de vehículos y sitios web para reservar coches.
Aparte del rechazo del sector, la medida también ha tenido eco político. Hace diez días, el Partido Popular presentó una moción en el Senado, aprobada con los votos de PNB y Junts, que insta al Gobierno de España a prorrogar la suspensión de la entrada en vigor. El ejecutivo, sin embargo, ha descartado las peticiones del sector y de los grupos políticos y ha desestimado una nueva prórroga de un registro.
