El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha informado de que las cinco compañías aéreas de bajo coste sancionadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Ryanair, EasyJet, Vueling, Norwegian y Volotea) presentarán un recurso contencioso administrativo contra la multa y reclamarán medidas cautelares para permitir el pago extra en el equipaje de mano.
En una rueda de prensa, tras conocer los 179 millones de euros de multa impuestos por el ministerio, Gándara ha asegurado que si no se permiten las prácticas penalizadas habrá un daño «irreparable» para el sector. Al mismo tiempo, también ha advertido de que tendrá impacto en el turismo y el tráfico aéreo y provocará que el estado español esté en desventaja comercial.
El presidente de la ALA espera que se acepten las medidas cautelares hasta que no haya sentencia firme, porque si no es así, ha insistido, los efectos serán muy negativos. En este sentido, ha recordado que, actualmente, «50 millones de pasajeros al año vuelan con una tarifa más barata, porque no pagan por maleta facturada», y a partir de ahora deberían hacerlo, convirtiendo a España en «el único país» de Europa en aplicarlo. Por ello, el líder de la ALA ha apuntado que se podría generar «una disyuntiva» por «aplicar una política comercial dependiendo de dónde se hiciera la compra de los vuelos».
Gándara ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014, a instancias de una entidad de consumo de Galicia, que concretó que el equipaje de cabina «no debe ser objeto de suplemento adicional, siempre y cuando su dimensión y peso entre dentro de unos parámetros razonables». Según ha apuntado, «aquel que cabe bajo el asiento» cumple con esta definición.
El presidente de la ALA no ha concretado el efecto sobre el tráfico aéreo, «porque depende de muchos factores», como tampoco ha especificado la factura económica si las prácticas multadas no se pueden seguir aplicando y ha dicho que se trata de una cuestión de cada una de las aerolíneas. No obstante, ha reclamado «una legislación europea» común y que se haga con un trabajo conjunto, con el fin «de aclarar las reglas del juego» y evitar que unos tribunales determinen que unas prácticas son legales y otras que no.
