Hace un año exactamente que la directiva del FC Barcelona celebró la última de las reuniones que pretendían envolver en un manto de participación directa de los socios, de diálogo con ellos y de propuestas muy a tener en cuenta para una supuesta reforma de los estatutos, que ya debía haberse propuesto y aprobado en asamblea. Al menos esa era la idea y el calendario sugerido por la propia directiva de Joan Laporta, que publicó en aquel momento un resumen oficial del encuentro en términos que suenan ciertamente a tiempos y épocas que parecen superadas, olvidadas y enterradas, sobre los derechos y el respeto a los más elementales derechos democráticos de los socios del FC Barcelona.
Elena Fort, una vez más, fue la responsable de otra de las patrañas que forman parte del relato mediático, pero que nada tiene que ver ni con la gestión real y torturadora de Laporta contra los socios ni con las recurrentes promesas sobre una mayor trasparencia, proximidad y servicio a los socios.
La vicepresidenta especialista en embaucar regularmente a la prensa y a los socios, finalmente, a través de sus fantasías, expuso en esa reunión «los principales rasgos de una reforma de los Estatutos encaminada a aumentar la participación de los socios y socias en la vida del Club». Bajo este epígrafe general, especificó que «esta reforma pretende simplificar y hacer más comprensibles unos estatutos que se pueden considerar demasiado largos y recargados. Tres premisas son las que guían esta reforma, y que deben potenciar la participación de los socios: ¿Cómo nos representamos?, ¿cuántos tomamos las decisiones?, y ¿cómo las tomamos?». Para la junta, «el objetivo de la sesión ha sido debatir sobre diferentes aspectos que necesitan una revisión de cara a la futura reforma de los Estatutos, con el objetivo de potenciar una mayor participación del colectivo social en la vida del Club. Entre los ámbitos que más interés han despertado en las propuestas recibidas, sobresalen los temas relacionados con el uso del abono con el objetivo de llenar el Estadio en cada partido; modificaciones encaminadas a aumentar la participación de los socios y socias en las asambleas del Club; propuestas orientadas a la transparencia económica y a buscar nuevas modificaciones respecto al mandato de la Junta Directiva, o en la modernización de los procesos de avales y firmas en períodos electorales».
De nuevo, esa versión propagandística parece una broma pesada y de mal gusto, pues cuesta entender que, entre las 600 sugerencias de los socios, Laporta haya impuesto, más allá de cuándo se pueda concretar esta reforma, precisamente todo lo contrario. En el último año, la participación de los socios en la vida del club ha quedado reducida a cero, los incentivos para aumentar el número de abonados han fracasado estrepitosamente -al margen de los 10.000 socios menos, desaparecidos, tras la actualización del censo-, se ha blindado aún más el acceso a las asambleas a imagen y semejanza de la democracia orgánica en tiempos de Franco y, desde luego, si un aspecto relevante del oscurantismo de la gestión de Laporta sobresale y destaca sobre el resto es el funambulismo, las acrobacias y los juegos malabares de Laporta en el ámbito económico y financiero. En el ámbito de todas esas expectativas el retroceso social ha sido evidente, fomentado por los tics totalitarios y autoritarios de una presidencia que, además, se cachondea de quienes piden asambleas presenciales y garantías en el desarrollo virtual de las sesiones telemáticas, concluyentemente las menos democráticas de la larga historia del FC Barcelona.
Resulta preocupante la extraña fisura abierta por la junta en el párrafo final donde se pedía «buscar nuevas modificaciones respecto al mandato de la Junta Directiva o en la modernización de los procesos de avales y firmas en períodos electorales», ya que, en efecto, uno de los necesarios cambios en los estatutos es el redactado sobre los avales preceptivos para ser miembro de la junta directiva, pues actualmente la normativa se presta a interpretaciones peligrosas.
Por un lado, la actual junta se dio a sí misma el beneficio de un decreto de Pedro Sánchez que exoneró a los cuatro clubs que no son SA (Barça, Madrid, Athletic y Osasuna) de la prestación de un aval del 15% del presupuesto de gastos en el momento de la toma de posesión y su mantenimiento hasta que los beneficios anuales acumulados puedan cubrir la cifra equivalente. Por otra parte, el nuevo orden, sin embargo, determina que cada uno de los clubs puede y debe acomodar la legislación a la voluntad de los socios, que bien podría ser la de eliminar el aval del proceso electoral, reducirlo, matizarlo o bien, como le ocurre ahora al Barça, que se esté a lo que regulaba la Ley del Deporte anteriormente, ya que la supresión del aval no supone, en ningún caso, que igualmente cualquier nueva junta esté obligada a acabar el mandato cuando menos con el mismo fondo propio patrimonial con el que asumió el cargo. La responsabilidad es objetiva en este caso para exigir la reposición de la diferencia si fuera negativa. Es decir, que no se ha de probar ni mala gestión ni dolo en las actuaciones de una directiva para ejecutar la obligación de igualar el patrimonio neto.
El Real Madrid, por ejemplo, al amparo de la normativa anterior y compatible con la actual, ya aprobó en sus estatutos una cláusula endureciendo el aval con la exigencia de que un candidato a presidente solo puede avalar con su patrimonio personal la totalidad del aval, unos 140 millones, sin participación del resto de la junta.
En cuanto a «buscar nuevas modificaciones respecto al mandato de la Junta Directiva», la sola idea de cómo puede imaginar Laporta otra forma de relacionarse con los socios da para echarse a temblar. Podría incluir sueldos para los llorones de la junta, como Elena Fort y Josep Cubells, que se quejan de la condición honorífica del cargo, una supercontraprestación al presidente por su dedicación exclusiva al cargo o quién sabe qué barbaridad.
Igualmente, la reforma estatutaria no será una realidad pronto a menos que se den unas circunstancias excepcionales y Laporta decida, bien a su pesar y contra sus propios principios fundamentales del movimiento nacional azulgrana, convocar una asamblea que solo puede ser presencial si incluye en el orden del día una propuesta de modificación de los estatutos. Eso, siempre y cuando no se atribuya dictatorialmente la facultad de adecuarlos a sus necesidades y caprichos, si le da uno de esos ataques cada vez más frecuente de alergia a cualquier tipo de polen democrático. Por ahora, al responsable de la comisión de la reforma arrancada hace dos años, Ramon Estebe, ya se le ha recompensado con el cargo del síndico del socio en agradecimiento a su parálisis institucional y la docilidad con la que ha entendido que no era el momento de avanzar.
