El Gobierno de España sanciona a cinco aerolíneas de bajo coste con 179 millones de euros por «prácticas abusivas»

Ryanair ha recibido la sanción más elevada, de 107.775.777 euros, seguida de Vueling (39.264.412 euros), EasyJet (29.094.441 euros), Norwegian (1.610.001 euros) y Volotea (1.189.000,99 euros)

Pasajeros de Ryanair haciendo cola para facturar el equipaje en la T2 del aeropuerto del Prat (ACN)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha impuesto sanciones a cinco compañías aéreas de bajo coste por un importe de 179 millones de euros por «prácticas abusivas». En un comunicado, el ministerio ha detallado que se tratan de hábitos como exigir pago extra para el equipaje de mano, un sobrecoste por la reserva de asiento de acompañantes de menores y personas dependientes, no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles, «tasa desproporcionada» para imprimir el billete y «falta de claridad» en los precios publicados.

El ministerio subraya que es la primera multa calificada de «muy grave», tras la investigación puesta en marcha en 2023, y alerta a las aerolíneas de que no pueden seguir usando estos métodos. Ryanair ha recibido la sanción más elevada con 107.775.777 euros, seguida de Vueling con 39.264.412 euros, EasyJet con 29.094.441 euros, Norwegian con 1.610.001 euros y Volotea con 1.189.000,99 euros.

La cartera de Bustinduy insiste en que «es la primera ocasión que se da firmeza a sanciones calificadas de muy graves» por el ejecutivo en materia de consumo y que la multa viene marcada por el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al mismo tiempo, justifica el importe de las multas de acuerdo con los beneficios obtenidos por las empresas y que, en su caso, al ser «muy graves», la cifra podría alcanzar entre seis y ocho veces las ganancias, cuando éstas superen las cantidades de las multas aplicadas (entre 100.001 euros y un millón).

Consumo explica que la orden firmada por el ministro Bustinduy acaba con la vía administrativa y que, por lo tanto, ahora se puede interponer un recurso contencioso administrativo en un plazo de dos meses.

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