Las penurias financieras del Barça de Joan Laporta habrían puesto a prueba de verdad su capacidad para la gestión en el ámbito económico y seguramente habrían tenido como consecuencia un fatal desenlace -aún peor que el actual- para el patrimonio del club azulgrana. Solo gracias a que el artículo 67º de los estatutos fue suprimido sine die en octubre de 2021, la junta de Laporta sigue en su sitio, por ahora a salvo de las obligaciones de equilibrio financiero aprobado en su día por asamblea a propuesta de la junta directiva de Sandro Rosell y el diseño personal del vicepresidente de la época, Javier Faus. Precisamente porque a Rosell le tocó remontar el descalabro del primer mandato de Laporta y enfrentarse a una quiebra de los fondos propios, negativos tras el cierre del ejercicio 2009-10 con 80 millones de pérdidas, se propuso la inclusión del artículo 67º que exige a la directiva la presentación de liquidaciones positivas cada temporada y, en caso de producirse pérdidas, la presentación y aprobación ante los socios compromisarios de un plan de recuperación total de las pérdidas en los dos ejercicios siguientes. Igualmente, el artículo obliga a que la deuda neta no supere el ebidta. Exigencias estatutarias que Laporta no ha sido capaz de cumplir en ninguno de los ejercicios hasta ahora y se diría que sin perspectivas de que pueda hacerlo.
La directiva de Laporta, en definitiva, habría sido obligada a cesar en sus cargos y funciones a pesar de haber ingresado 1.000 millones extras en palancas por el incumplimiento de esa norma que fue pensada para evitar, como ha pasado, la venta descontrolada de patrimonio y activos para ir salvando los muebles de forma improvisada.
Eso ya no va a tener arreglo por desgracia para el FC Barcelona. El problema añadido ahora es que, mientras el propio Laporta ha estado presumiendo con demasiada arrogancia de haber recuperado el club y de estar más cerca que nunca de poder fichar con la regla 1:1 después de tener el margen salarial bloqueado por LaLiga desde hace dos años, se ha destapado el pastel de Barça Studios, un ingreso fantasma de 408 millones -gastados en su totalidad- de los cuales solo se han capitalizado 55 millones. La diferencia la ha aplicado el auditor en el curso pasado con 141 millones de reversión y la exigencia de darle el valor real de la compañía -cero euros según todos los expertos-, extremo que Laporta ha desobedecido manipulando la asamblea que aprobó una liquidación negativa de 91 millones y un saldo patrimonial también en números rojos de 94 millones.
¿Cómo afecta esta situación en el día a día? En un régimen de respeto estatutario y de funcionamiento democrático, Laporta debió haber propuesto un plan de rescate a dos años vista, en este caso añadido al que ya está sometido por LaLiga, de forma que, en junio de 2026, mediante liquidaciones positivas en el 2025 y el siguiente, se hubieran recuperado las pérdidas. Aun contemplando la necesidad de vender alguna estrella del primer equipo, debería ser sometida a la aprobación de los socios.
Pero no será así. Laporta, por el contrario, se ha apresurado a señalar al auditor como culpable de exagerar el estado de las finanzas y a anticipar que en cuanto encuentre inversores para Bridgeburg Invest todo quedará en anécdota.
De momento, los inversores llevan más de dos años sin aparecer y a poco más de un mes de resolver las inscripciones de Dani Olmo y de Íñigo Martínez, el presidente ni ha tapado esa fuga ni el contrato de Nike va a servir para solucionar esta vergonzosa situación.
Más allá de haber hecho como si no existiera el peligro de que a Laporta le caigan otros 208 millones a 30 de junio de 2025 por ese deterioro, es decir, aumentar a 300 millones negativos el patrimonio neto, la fotografía financiera del club, inestable y delicada, tendrá su impacto en la complicación del margen salarial y en la tesorería evidentemente porque a la hora de seguir utilizando pólizas de crédito y realizar operaciones financieras la evaluación de riesgos provoca un aumento de los intereses.
Si Laporta presenta pérdidas, los acreedores financieros, básicamente Goldman Sachs i los inversores del Espai Barça pueden reclamar íntegramente los préstamos concedidos, pues cerrar los balances sin beneficios es razón de incumplimiento de los acuerdos y de las condiciones pactadas. Nuevamente, por tanto, afectaría a los tipos de interés y a un mayor peligro que, por la deuda, el club pueda ser intervenido al estar técnicamente quebrado. Aun sin cambiar deuda por acciones en un supuesto de transformación en sociedad anónima, los acreedores podrían tomar el control de la gestión económica para garantizar su supervivencia y actividad, eso sí, con un presupuesto mucho menor para pagar los salarios deportivos.
El otro temor de los pocos socios sensatos que van quedando radica en que, al final del mandato, Laporta podría estar en una situación delicada por la situación patrimonial, ya que tomó posesión del cargo con fondos propios positivos de 31,5 millones y en caso de mantenerse negativos a 30 de junio de 2026 -o antes si se anticipan las elecciones- la diferencia podría ser objeto de una acción de responsabilidad como ocurrió en 2010 al final de su primer mandato si no se da un escenario de junta continuista. Por poner un ejemplo, de acuerdo al cierre del ejercicio pasado, Laporta estaría ‘debiendo’ al FC Barcelona 58,9 millones, una cifra superior a los 47,7 millones de 2010.
Contra esa otra amenaza, la solución más sencilla pasaría por echar mano de los cracks de la Masia, susceptibles de dejar enormes beneficios en caso de venta por la ausencia de amortizaciones. El pronóstico seguirá siendo durante bastantes meses de incertidumbre y de pesimismo, por más que el relato oficialista siga defendiendo que la economía atraviesa el mejor momento en años. Es el efecto distrófico de la miopía laportista.
