En Barcelona, sobran abogados que sostienen argumentos lo bastante sólidos y de peso para impugnar la reciente asamblea de compromisarios del FC Barcelona. En cambio, faltan barcelonistas que se atrevan a dar ese paso y denunciar los hechos, infracciones e irregularidades, algunos fácilmente contrastables, susceptibles de ser llevados ante los tribunales como el propio formato de la asamblea, telemática, convocada por Joan Laporta bajo preceptos y excusas más que discutibles. Acogerse hoy a un decreto de la Generalitat de carácter extraordinario, como fue el de la covid para favorecer el asociacionismo en tiempos de pandemia, no parece una decisión racional, coherente ni mucho menos necesaria.
Menos aún si se excluye expresamente de participar a la mayoría de los socios y, en cambio, se permite y promueve el acceso a la sala del senado azulgrana. O sea, de los socios de mayor edad que en tiempos de la covid estarían considerados población de especial riesgo. Más que paradójico, el contrasentido es delirante e injustificable, una medida que solo responde a un tic dictatorial del presidente y a la voluntad de la junta de limitar por todos los medios que los socios puedan expresar libremente su opinión, puedan interpelar a la junta, preguntar y, sobre todo, votar a mano alzada en un contexto muy distinto del virtual donde la atmósfera puede ser puntualmente adversa o simplemente discordante de las propuestas de la directiva.
Por ejemplo, a Josep Maria Bartomeu le tocó retirar -o sea, perder- una propuesta de reforma gráfica del escudo porque la asamblea se había calentado previamente en la ratificación de dos miembros de junta que a los asambleístas se les había prometido votar por separado, y la mesa propuso hacerlo de forma conjunta. A Laporta le había sucedido algo similar en la asamblea ordinaria de octubre de 2021 con el préstamo de los 1.500 millones para el Espai Barça y el conjunto de cambios pretendidos por la presidencia. Los socios pedían, igualmente, la celebración de un referéndum y ante el clímax de un posible resultado desfavorable lo que propuso fue aplazar la asamblea con el pretexto de que el Barça jugaba en el Camp Nou y reanudarla la semana siguiente, ya con las aguas calmadas y habiendo anunciado que habría un referéndum. Y aun así, en esa segunda parte, no pudo sacar adelante la ley de punto final con la que pretendía anular los derechos de la Confederacióm Mundial de Peñas y el exterminio del poderoso orden peñístico que tanto había prosperado independientemente del control de la junta. Perdió por un solo voto y fue en ese preciso instante cuando Laporta decidió acabar para siempre jamás con todos los preceptos de democracia y de participación asamblearia de los socios.
Para mayor vergüenza del barcelonismo y como demostración de la mala fe con la que ha actuado la directiva de Joan Laporta cerrando la puerta a los asambleístas, existen esos dos precedentes, en junio y octubre de 2021, de la celebración presencial de dos asambleas, las dos primeras tras su regreso a la presidencia, abiertas y participativas con el único motivo de aparentar proximidad, transparencia y un renovado espíritu de regeneración, de vuelta a la normalidad pese a seguir vigentes todavía medidas sanitarias excepcionales a las que podría haber recurrido -entonces sí- para que se hubiera convocado digital y telemáticamente.
A mayor abundamiento, el propio presidente, a modo de despedida de la anterior asamblea virtual, la de octubre de 2023 -marcada por un sustancial mengua de compromisarios acreditados, la escasa interacción y el penoso espectáculo, consentido por Laporta, de uno de sus asesores, Enric Masip, pidiendo que le cortaran el audio al socio Jaume Llopis en medio de una intervención tan crítica como legítima y respetuosa- se comprometió públicamente a recuperar el formato presencial en la siguiente. O sea, la del pasado día 19 de octubre.
Laporta no podía imaginar en ese momento suyo de debilidad que un año después el auditor le pondría entre la espada y la pared con una provisión de 141 millones por la venta aún pendiente dos años después de Barça Studios y una excepción contable por no avenirse a ajustar a su valor real, prácticamente a cero, el de la sociedad Bridgeburg Invest, registrado en los libros por 208 millones. No podía arriesgarse a que los socios, alentados por una oposición que reclamaba recuperar los mínimos estándares democráticos y estatutarios del FC Barcelona, rechazaran las cuentas sin reformular de acuerdo con la advertencia de Grant Thornton, la empresa auditora que ya había transigido con el escandaloso paripé de Barça Studios durante dos ejercicios seguidos, dando por buenos ingresos por 408 millones de los cuales solo se habían cobrado 55 millones en realidad. El resto, Laporta los había contabilizado y gastado.
La convocatoria en sí misma ya contenía defectos de forma a juicio de algunos legalistas, pues no se informaba a los socios con el debido detalle de las garantías concretas sobre el recuento de las votaciones, por ejemplo, y además falló estrepitosamente otro de los requisitos exigidos por la ley, como que la totalidad de los socios pudieran seguir el desarrollo de la asamblea telemáticamente en tiempo real y sin interrupciones. El streaming ofrecido por la junta a través de Barça One no pudo ser de peor calidad, registrándose retrasos en la señal a veces de superiores a los 20 minutos.
La consecuencia fue que, en el momento de votar por primera vez, precisamente en el segundo punto del orden del día sobre liquidación del ejercicio 2023-24, el asunto más polémico, algunos socios no pudieron intervenir por culpa de ese desfase técnico, toda una chapuza informática, y cuando la mesa dispuso que se daban diez minutos para votar telemáticamente, casi 300 socios no lo pudieron hacer porque, en la práctica, ya hacía varios minutos que se había cerrado el recuento. La proporción de la abstención registrada sobre los socios de la sala virtual en esa votación fue exagerada y se reflejó más tarde en las redes, donde no pocos compromisarios coincidieron en compartir su malestar e indignación.
Casi que, puestos a denunciar incidencias e indecencias, si los socios del Barça dieran el paso de impugnar los acuerdos de la asamblea, el hecho de intentar hacer pasar por buenas unas cuentas con una salvedad del auditor, de consecuencias no menores, sería solo una atrocidad más de un episodio de totalitarismo barato made in Laporta. Más allá de haber reclamado anticipadamente una asamblea presencial, de la oposición no se espera ningún otro gesto unitario de acción en contra de atropello social que ha significado la histórica asamblea del 19 de octubre.
