La Sindicatura de Greuges de Barcelona, el defensor del pueblo en la capital catalana, ha propuesto que la ordenanza de convivencia municipal sea menos punitiva y priorice medidas alternativas a la sanción. Ahora que el Ayuntamiento de Barcelona trabaja para modificar la norma actual, vigente desde 2006, la sindicatura ha hecho público un informe que lo analiza y propone mejoras de cara a la modificación.
Según manifiesta la Sindicatura y recoge la ACN, la aplicación de la normativa debe centrarse en los comportamientos incívicos «deliberados». Además, considera que es necesario desvincular las sanciones si se trata de personas en riesgo de exclusión o vulnerables. El síndico, David Bondia, ha citado, por ejemplo, que «no tiene sentido» multar a personas sin hogar o manteros.
Por otra parte, la sindicatura también cree que es necesario fomentar la «corresponsabilidad ciudadana» y que la actuación municipal vaya más allá de la imposición de sanciones. De hecho, una de las propuestas apunta a que deberían aplicarse las medidas alternativas a la sanción «como primera consecuencia ante la comisión de infracciones de la ordenanza» y que se apliquen sanciones pecuniarias sólo en caso de que la persona infractora las rechace, añade la misma información.
