El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos ante los «indicios fundados y serios» de su «papel principal» en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Moreno atribuye a Ábalos, que es aforado porque es diputado en el Congreso, una «imputación clara y concreta» por una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y soborno a través del entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas.
En cuanto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como para la contratación por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC) de la mujer con quien entonces mantenía una relación personal. En relación con el delito de soborno, se le atribuye porque disfrutó de una vivienda en un municipio gaditano como pago por su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario. Otro indicio que lo acreditaría, dice el juez, es el pago del alquiler del piso donde vivió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, con un importe de 88.101 euros, y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
Una organización criminal que perduró en el tiempo
El juez cree que de la investigación realizada hasta ahora se infiere la existencia de una organización criminal, de un concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos, unos cobros obtenidos por el asesor Koldo García para hacer de mediador y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos a consecuencia de las irregulares adjudicaciones. Moreno apunta que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas, que permitió dejar al descubierto la relación privilegiada del empresario Víctor de Aldama con el Ministerio de Fomento a partir del asesor del ministro.
Moreno constata que Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a García la cantidad de 10.000 euros al mes para que utilizara su influencia sobre Ábalos a favor del empresario y sus sociedades. Estos pagos más ordinarios se complementaron con otros de carácter extraordinario dirigidos al propio Ábalos, según el juez, como los de la compra del chalé de la Alcaidesa, en Cádiz, o el pago del alquiler de la pareja.
A parecer del magistrado, queda acreditada la perdurabilidad en el tiempo de la organización criminal integrada en principio por diez personas investigadas en la causa durante los contratos, pero también después. El juez concluye que la influencia ejercida por García y Ábalos no quedó circunscrita al tiempo que estuvieron en el Ministerio, puesto que después de su salida todavía se registran pagos recurrentes a García. Dos años después, el asesor todavía recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Aldama ante la administración balear, según las conversaciones telefónicas intervenidas.
