La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha pedido al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión que no exija el retorno económico de los pagos de ayudas sociales indebidos en los casos en los que la administración no haya sido diligente a la hora de modificar la cuantía y en los casos en los que las personas afectadas no hayan tenido un papel activo en el «error» de la administración. Así se ha pronunciado la síndica a raíz de las cartas que varias familias vulnerables han recibido en las que se les pide que devuelvan el dinero de prestaciones cobradas con importes erróneos.
Giménez-Salinas pidió información sobre esta cuestión al departamento, quien en su respuesta le ha confirmado que se han enviado comunicaciones a 11.000 titulares de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) durante el 2024 y que, de estas, 2.300 personas se han visto afectadas por la reclamación de importes indebidos, con una media de 7.500 euros reclamados por persona. Así pues, la síndica ha constatado que los problemas derivados de la reclamación de ingresos indebidos de la RGC se ha incrementado en los últimos meses, y ha considerado que se tendría que estudiar la condonación de la deuda en estos casos, incorporándola en la ley de acompañamiento de los presupuestos.
La síndica de greuges reconoce que la administración tiene el deber de revisar el derecho a la prestación y de detectar casos de ingresos indebidos, pero señala que este deber, de acuerdo con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo, se tiene que ponderar también con la proporcionalidad necesaria ante el impacto que la decisión de exigir el retorno económico puede provocar en personas en situación de vulnerabilidad económica. Por eso, ha reclamado a Derechos Sociales que no exija el retorno de las cuantías en aquellos casos en los que sea responsable del error y que se estudie si legalmente se podría condonar la deuda, por ejemplo mediante la ley de acompañamiento presupuestario.
Giménez-Salinas ha reconocido que la casuística de los más de 2.000 afectados es muy variada y que se tendrá que actuar de manera «singular» para resolver cada expediente. En los casos en los que las personas comunicaron cambios en sus ingresos pero la administración ha tardado meses o años en modificar la prestación, la síndica recomienda que la reclamación de retorno se limite a los dos meses posteriores a la comunicación. En los casos en los que los beneficiarios de la RGC no hayan comunicado los cambios en sus ingresos, la síndica hace dos propuestas: si los cambios son motivados por una prestación o una ayuda de la misma administración, se propone que la reclamación se limite a los tres meses posteriores al cambio de ingresos; y si los beneficiarios tienen niños a cargo, con independencia del origen de la modificación de los ingresos, se sugiere que la reclamación se ciña también a los tres meses posteriores de la modificación efectiva de los ingresos.
La síndica de greuges confía en que con el traspaso a la Generalitat de la tramitación y la gestión del ingreso mínimo vital se puedan reducir los tiempos de resolución, revisión y modificación de las prestaciones sociales, y también acceder de manera inmediata a la información que se dispone de los beneficiarios. Por eso, también ha trasladado la resolución al Defensor del Pueblo, con la voluntad de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dé máxima prioridad a la culminación de este acuerdo de traspaso adoptado en agosto.
