El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en el caso de la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de fraude fiscal y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal también ha abierto una causa contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el supuesto envío por su parte al fiscal general de datos para la elaboración de una nota de prensa. Aunque no es aforada, el auto explica que los comportamientos de ambos guardan una conexión que impide la incoación de causas separadas, difunde la ACN.
En el auto, el Supremo recoge que, de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos, a consecuencia de la divulgación de una nota informativa con cabecera de la fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
El tribunal precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes al fiscal general, y que se detalla en la exposición razonada, es un delito de revelación de secretos, que castiga a la autoridad o al funcionario público que revelara secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
Por unanimidad, el tribunal considera que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado. A continuación, analiza el núcleo del tipo que, según señala el auto, viene constituido por la conducta de «revelar», en el sentido de poner en conocimiento de un tercero de cualquier modo algo que el tercero no conocía ni estaba legitimado por conocer.
En cuanto al posible perjuicio causado, la sala considera que, en este momento inicial de formación de la causa, resulta difícil de acotar, pero estima que «al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa» del particular investigado por Hacienda, a consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de Delitos Económicos, añade la misma información.
