El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de Vox y ha anulado el decreto ley del 6 de julio de 2021 de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña. Este decreto regulaba la prestación de una garantía en forma de aval por parte de la administración cuando, en un proceso penal o contable, se considerara en fase de instrucción la existencia de indicios de criminalidad o responsabilidad contable y se exigiera fianza de los perjuicios económicos que la actuación de los cargos o el personal público hubiera podido ocasionar a la administración.
El decreto cubría casos como el de los excargos implicados en la causa del Tribunal de Cuentas sobre el 1-O, pero el Constitucional ha constatado que no está justificada la urgencia para aprobar el fondo con un decreto ley. Concretamente, la sentencia considera que el decreto ley en su conjunto es contrario en el artículo 86.1 de la Constitución por falta de presupuesto habilitante y declara su inconstitucionalidad.
El tribunal entiende que no existe ninguna explicación de por qué la norma impugnada tiene que ser aprobada con una urgencia extraordinaria, sin el procedimiento parlamentario pertinente, y encuentra insuficiente la invocación general sobre la oportunidad o conveniencia de contar con esta normativa y dar así cobertura a los servidores públicos ante los riesgos excluidos de las pólizas de seguro subscritas por la Generalitat. Cinco magistrados han subscrito votos coincidentes con la sentencia.
El fondo sigue vigente
A pesar de la decisión del Constitucional, este fondo sigue vigente, puesto que se aprobó posteriormente a través de un proyecto de ley en el Parlamento, el 23 de febrero de 2022. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el exconsejero de Economía Jaume Giró, impulsor de este fondo, subraya que negoció y pactar personalmente con el actual presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, poder tramitarlo como proyecto de ley precisamente para que tuviera amparo jurídico. El exconsejero ha hecho énfasis en que la ley, aprobada por amplia mayoría, no la impugnó nadie.
Giró ha destacado que el tribunal no entra en el fondo y solo cuestiona la forma, y ha subrayado que, igualmente, el decreto ley «cumplió en su momento su función», puesto que impidió el embargo de cuentas o propiedades de ex cargos como por ejemplo el expresidente de la Generalitat Artur Mas o el exconsejero Andreu Mas-Colell.
