Al margen de Carles Puigdemont i Toni Comín, el otro gran grupo de no amnistiados son los integrantes del pelotón de CDR que preparaba atentados y que fue desarticulado por la Guardia Civil el septiembre del 2019, en el que se conoció como operación Judas. De aquí que a este pelotón, de una docena de personas, se lo conozca como pelotón Judas. Este grupo de activistas habían comprado productos químicos y habían conseguido fabricar explosivos en dos laboratorios clandestinos que tenían.
Fueron encontrados en poder suyo manuales sobre la fabricación de explosivos y un listado de futuros objetivos. También tenían un listado de “enemigos” que incluían políticos y agentes de los Mossos. En sus reuniones utilizaban estrictas medidas de seguridad (no iban con teléfono móvil, por ejemplo, para evitar que pudieran ser espiados o triangulados), pero la Guardia Civil consiguió grabar tanto estas reuniones como las pruebas del explosivo que habían conseguido sintetizar. Al final, tantas medidas de seguridad no les sirvieron de nada.
Una acta de la Audiencia Nacional que lleva fecha de este mes de septiembre plantea al TJUE nueve preguntas sobre cómo tiene que interpretar las directivas comunitarias en la aplicación de la ley de amnistía a los acusados, teniendo en cuenta que los delitos de que se les acusa son los de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
Los abogados defensores del pelotón han expuesto múltiples razones para evitar que sea el TJUE el que se pronuncie, contrariamente al que pregonaban hace unos años. De hecho, uno de los letrados dice que “no es procedente plantear una cuestión prejudicial porque se solicita con esto al TJUE que interprete una Ley Orgánica nacional, cuando es muy sabido que estas cuestiones prejudiciales solo se pueden dar para interpretar el derecho en la UE”. También aluden al hecho que el TJUE avala que los estados miembros promulguen leyes de amnistía o que el terrorismo no está muy definido en las directivas comunitarias.
Una de las defensas expone que lo TJUE ya ha validado “que una amnistía pueda extinguir la responsabilidad penal, sea cual sea la gravedad de los hechos y el motivo que se persiga con la amnistía”. Otro de los defensores afirma que “de los escritos de acusación, se concluye que no estamos ante hechos que puedan ser calificados de terroristas (para que su naturaleza o contexto intimiden gravemente una población, obliguen los poderes públicos o una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo)”. Incluso que “no se han producido de manera intencionada graves violaciones de derechos humanos, puesto que no hay ninguna víctima, ni ningún perjuicio, ni físico ni económico”. Uno de los letrados también arguye que “las directivas no pueden ser invocadas por un Estado miembro contra un particular”.
En el escrito de la Audiencia Nacional, no obstante, se califican los hechos de terrorismo: “Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los cuales se basa la Unión. También representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el estado de derecho, principios que son comunes a los estados miembros”, dice la acta, refiriéndose a la directiva sobre la lucha contra el terrorismo. También recoge que la ley de amnistía alude específicamente al hecho que los delitos de terrorismo no pueden acogerse. A la vista de estos razonamientos, el pelotón Judas parece que lo tiene difícil para esquivar el juicio en la Audiencia Nacional.
