Una magistrada de Barcelona ha archivado la querella que la inmobiliaria Junimo interpuso contra la exalcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, por evitar el desalojo de un ciudadano en situación de vulnerabilidad. Los hechos ocurrieron en los últimos meses del pasado mandato y la empresa también se querelló contra la exconcejala de Vivienda, Lucía Martín, y tres funcionarias del consistorio.
En el auto, al que ha tenido acceso la ACN, la magistrada ha considerado que la intervención del consistorio en este caso se ajusta a las obligaciones que establece la ley catalana antidesahucios y ha descartado que se cometiera «una infracción penal o actos susceptibles de coacciones o prevaricación».
De acuerdo con la resolución, el ciudadano al que quería desahuciarse acreditó «no tener ingresos ni alternativa habitacional». El escrito ha apuntado que el ayuntamiento actuó como mediador e interpuso dos expedientes a la inmobiliaria, uno al considerar que se infringió la ley 24/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos sin alternativa y que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social; y otro por una posible habilitación de la finca como edificio de uso turístico.
Asimismo, ha señalado que la exconcejala Lucía Martín «no intervino en la tramitación de estos expedientes ni dio órdenes de ningún tipo respecto a las resoluciones que estos debían adoptar».
En un comunicado, BComú ha recordado que con esta ya son 19 las causas archivadas contra Colau y su equipo de gobierno, en lo que los comunes consideran «una guerra judicial sin precedentes contra un gobierno municipal».
