La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que el ejecutivo español hará público en los próximos días el borrador de un protocolo para el registro de médicos objetores de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Según la ministra, el objetivo de esta modificación es que ninguna comunidad autónoma «se pueda amparar» en un vacío legal para no prestar el servicio a la sanidad pública.
«Haremos cumplir la ley» del aborto y «llevaremos el protocolo ante las comunidades» para que «vea la luz», ha dicho García en un almuerzo informativo en Madrid. Según ha explicado, el protocolo responde a «una deuda pendiente» de la ley del aborto y su implementación «garantizará el cumplimiento de la ley y establecerá las bases para que las comunidades autónomas desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio».
Se trata, según la ministra, de asegurar que «no haya lugar para excusas o vacíos legales» y de impedir que «la lucha política se libre sobre el cuerpo y la vida de las mujeres». El derecho al aborto, ha añadido, «no tiene vuelta atrás».
