El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona la causa sobre la huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, en la que aprecia posibles delitos.
Llarena ha trasladado los informes aportados por los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior sobre ese día, cuyo contenido, según indica, «impide excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3b del Código Penal», que se refieren a la omisión del deber de perseguir delitos por parte de funcionarios y al encubrimiento o colaboración en la fuga de un responsable de un delito.
Llarena, además, considera que estos informes no muestran que hubiera impedimentos para que Puigdemont hubiera podido ser detenido antes de unirse a la aglomeración de personas, difunde la ACN.
En una breve providencia de dos páginas de este mismo jueves, Llarena dice que el informe de los Mossos explica la dificultad para detener a Puigdemont en medio de la aglomeración que le esperaba y la colaboración de tres personas, efectivos de los Mossos.
Pero el magistrado no ve «impedimentos» para abordar la detección de Puigdemont hasta el lugar de encuentro en el Arc de Triomf, ni la imposibilidad de seguirle y detenerlo posteriormente. Por eso, ha enviado ambos informes a los juzgados de Barcelona «a los efectos legales oportunos», añade la misma información.