Dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) retirados han presentado una querella contra el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, el intendente jefe del cuerpo, Pedro Velázquez, cuatro responsables de la Guardia Urbana más y dos responsables de prevención de riesgos laborales del consistorio por un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de lesiones graves por omisión. Los agentes están incapacitados después de resultar heridos en una persecución a dos lanchas de Greenpeace el 18 de junio de 2021 y en la querella, a la que ha tenido acceso la ACN, denuncian falta de formación y de medios a pesar de haberlo pedido reiteradamente.
Los agentes formaban parte del grupo de playas de la Guardia Urbana en verano y la Capitanía Marítima los habilitaba para patrullar en el mar con una titulación náutica recreativa. Habían denunciado reiteradamente que esta formación era insuficiente, con correos electrónicos, de forma verbal y en reuniones. Solo tenían título para usos lúdicos a pesar de que hacían todo tipo de servicios en el mar. Agentes del cuerpo también habían puesto de manifiesto la falta de material. En 2019 se modificó el decreto que amparaba la Capitanía Marítima para habilitar a los agentes en el mar y los afectados hicieron por su cuenta una nueva formación, volviendo a reclamar a la Guardia Urbana que cumpliera con sus obligaciones formativas.
El 18 de junio de 2021, según consta en la querella, fueron requeridos a las 11 de la mañana para que se acercaran alrededor del Hotel W, donde se celebraba el Círculo de Economía con la presencia del presidente español Pedro Sánchez y del primer ministro italiano, y donde había dos embarcaciones de una ONG que estaban haciendo una protesta. La patrulla marítima se acercó, pero las dos lanchas huyeron y empezó una persecución, con “acometidas como las que se produjeron en Barbate”, dice el escrito judicial.
Los agentes tuvieron que hacer cambios bruscos de rumbo y maniobras, con agua entrando en su embarcación, y resultaron heridos porque se golpearon con una estructura metálica en la embarcación que no estaba autorizada, según consta en la querella. Los dos tienen la incapacidad permanente por culpa de este incidente, uno la absoluta y el otro la total. Los dos agentes retirados reclaman que el Ayuntamiento sea responsable civil subsidiario y piden inmovilizar de forma cautelar las embarcaciones que utilizan los agentes para que no puedan prestar servicios en el mar por falta de formación.