¿Cómo han salpicado a los comunes los nombramientos del gobierno de Illa?

Jordi Martí, Laura Pérez, Ada Colau i Janet Sanz
Jordi Martí, Laura Pérez, Ada Colau i Janet Sanz

Los nombramientos de altos cargos del nuevo Gobierno de la Generalitat que preside el socialista Salvador Illa han levantado polvareda en las redes sociales y los medios de comunicación y han derivado en numerosas acusaciones de enchufismo. Sus socios de investidura, ERC y Comuns, también han sido objeto de críticas y, en cuanto a la última formación, algunos usuarios han recordado su pasado de «nepotismo».

Concretamente, se han referido al hecho de que, durante la alcaldía de Ada Colau en Barcelona, las parejas de algunos concejales como Eloi Badia, Janet Sanz y Lucía Martín ocuparon cargos públicos. «Janet Sanz, Lucía Martín y Eloi Badia han enchufado a sus parejas en el Ayuntamiento», ha recordado un usuario de X, haciendo referencia a una publicación de 2023 y añadiendo: «En nepotismo los comunes son los mejores».

La formación que lideran Jéssica Albiach y Ada Colau, pues, se ha visto salpicada por la polémica del sottogoverno de Illa, un asunto sobre el que el partido no se ha pronunciado, más allá de mostrar su preocupación por el nombramiento de algunos consejeros como el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el de Justicia, Ramon Espadaler. En las redes, varios usuarios relacionan este silencio con el caso de los cargos del mandato de Colau, unos nombramientos que, como el sottogoverno de Illa, han perseguido a la formación de la exalcaldessa de Barcelona hasta hoy.

La pareja de Badia, Tatiana Guerrero, trabajó como asesora en los dos mandatos de los comunes en la capital catalana; la pareja de Sanz, Daniel Granados, trabaja como asesor en el Ayuntamiento desde 2018; y la pareja de Martín, Alicia Ramos, fichó como asesora en el consistorio en 2020, un hecho que costó al gobierno de Colau las críticas tanto de la oposición y la ciudadanía como del Comité de Ética del Ayuntamiento.

Granados también causó polémica por el incremento del 25% de su sueldo un año y medio después de acceder al cargo, así como por adjudicar un contrato a la entidad que él mismo dirigía.

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