La construcción de la promoción inmobiliaria Jardines de Sa Riera Living, en el municipio de Begur (Baix Empordà), comportó la destrucción de tres hectáreas de bosque y la extracción de miles de metros cúbicos de tierra para edificar 52 viviendas y 78 aparcamientos. Este complejo residencial ha sido objeto de numerosas demandas y recursos por parte de la entidad proteccionista SOS Costa Brava, que denuncia su ilegalidad, puesto que el terreno afectado tiene más de un 20% de pendiente y está a menos de 500 metros de la playa.
En espera del veredicto definitivo de los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó, en 2022, que los potenciales compradores de estas viviendas fueran advertidos previamente de su posible ilegalidad.
Ahora se ha abierto un nuevo frente. Amparándose en la nueva directiva europea contra el greenwashing (blanqueo ecológico o ecoimpostura), la entidad Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Agencia Catalana de Consumo las falsedades y manipulaciones que figuran en la web de Jardines de Sa Riera Living.
Por ejemplo, la empresa promotora Stoneweg afirma: “El proyecto está pensado para integrarse en el entorno, respetando la naturaleza” o “la prioridad de Jardines de Sa Riera es cuidar el entorno natural”. ¡Esto, después de haberse cargado tres hectáreas de bosque mediterráneo!
Para justificar la pronunciada pendiente que tiene la finca construida, Stoneweg explica: “El bancal es una estrategia de aprovechamiento del terreno para poder cultivar en pendiente que se ha utilizado en todo el mundo desde hace milenios y se continúa utilizando hoy. Se caracteriza por la transformación del terreno en terrazas estabilizadas por muros de piedra. Estas terrazas planas nos permiten utilizar el terreno de manera eficiente y cómoda, sobre todo para el cultivo”.
Lo que pasa es que en los Jardines de Sa Riera Living no se han plantado viñas o arroz. Se han construido 52 viviendas, que se venden a un precio de entre 486.500 y 700.000 euros cada una.
La Agencia Catalana de Consumo ha aceptado la demanda de Ecologistas en Acción y ha incoado un expediente sancionador, que puede acabar en una multa. Es la primera denuncia por greenwashing que se tramita en Cataluña.
