El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha inadmitido este lunes dos peticiones de recusación presentadas contra él y vinculadas a los audios publicados por Diario Red donde alardeaba de haber parado la tramitación de la ley de amnistía. El expresidente catalán Carles Puigdemont y el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, entre otros, pidieron apartarlo de la causa que investiga la supuesta trama rusa del proceso independentista, pero el magistrado ha rechazado las recusaciones y también amnistiar los investigados en las piezas sobre las subvenciones de la Diputación de Barcelona y sobre CatMon/Igman.
Aguirre critica que los audios por los que se pide su recusación tienen un “origen desconocido” y afirma que esto permite “suponer que la fuente es inconfesable, que su origen es turbio y, posiblemente, ilícito”. De hecho, Aguirre apunta que ya ha presentado una denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía por la publicación de los audios. “Resulta más que dudoso que la recusación se haya propuesto de buena fe”, afirma el magistrado, que también recuerda en el escrito que el abogado Gonzalo Boye ha pasado de abogado a investigado en la causa.
Según el escrito, explica la ACN, el juez no tiene ningún “interés directo ni indirecto” en hacer una pieza separada por el caso Volhov, en referencia a la que se ha promovido por traición y malversación contra Alay, Puigdemont, Boye y el expresidente catalán Artur Mas, entre otros, y la recusación del abogado se debe al hecho de que está haciendo “una instrucción que no es del interés del recusante”. En este sentido, el magistrado apunta que hay un “fraude de ley” en la petición de recusación que obliga a rechazarla.
“La recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones de este magistrado, hechos en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por orígenes desconocidos y presuntamente ilícitos, y que se hacen públicos seis meses después de la fecha en la que se dice que se hicieron, y después de haberse desestimado una primera recusación, y justo después de haberse abierto la pieza separada de injerencia rusa”, argumenta Aguirre.
Negativa a la amnistía
Por otro ado, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona rechaza aplicar la ley de amnistía a los investigados en varias piezas judiciales relacionadas con supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, entre los que están Alay y Víctor Terradellas, el empresario y exresponsable de relaciones internacionales de CDC. En resoluciones conocidas este lunes, el juez que investiga el caso Volhov tampoco ve amnistiables a los investigados en la pieza de CatMon/Igman, sobre supuesta financiación indirecta del procés a través de subvenciones públicas, y a la del nombramiento de la exregidora de CiU Maite Fandos como asesora de la Diputación de Barcelona.
En uno de los autos, revela Europa Press, Aguirre se niega a amnistiar los hechos que se investigan en la pieza principal del caso porque, según sostiene, durante la investigación han aparecido indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que «dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas para ciertos grupos de subvenciones, en cuanto que afectan a diferentes entidades y, en algunos casos, incluía la posible comisión otros delitos».
El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha inadmitido este lunes dos peticiones de recusación presentadas contra él y vinculadas a los audios publicados por Diario Red donde se vantava de haber parado la tramitación de la ley de amnistía. El expresidente catalán Carles Puigdemont y el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, entre otros, pidieron apartarlo de la causa que investiga la supuesta trama rusa del proceso independentista, pero el magistrado ha rechazado las recusaciones y también amnistiar los investigados en las piezas sobre las subvenciones de la Diputación de Barcelona y sobre CatMon / Igman.
Aguirre critica que los audios por los cuales se pide su recusación tienen un “origen desconocido” y afirma que esto permite “suponer que la fuente es inconfesable, que su origen es turbio y, posiblemente, ilícito”. De hecho, Aguirre apunta que ya ha presentado una denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía por la publicación de los audios. “Resulta más que dudoso que la recusación se haya propuesto de buena fe”, afirma el magistrado, que también recuerda en el escrito que el abogado Gonzalo Boye ha pasado de abogado a investigado en la causa.
Según el escrito, explica el ACN, el juez no tiene ningún “interés directo ni indirecto” al hacer una pieza separada por el caso Volhov, en referencia a la cual se ha promovido por traición y malversación contra Alay, Puigdemont, Boye y el expresidente catalán Artur Mas, entre otros, y la recusación del abogado se debe al hecho que está haciendo “una instrucción que no es del interés del recusando”. En este sentido, el magistrado apunta que hay un “fraude de ley” en la petición de recusación que obliga a rechazarla.
“La recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones de este magistrado, hechos en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por orígenes desconocidos y presuntamente ilícitos, y que se hacen públicos seis meses después de la fecha en que se llama que se hicieron, y después de haberse desestimado una primera recusación, y justo después de haberse abierto la pieza separada injerencia rusa”, argumenta Aguirre.
Negativa a la amnistía
Por otro lado, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha rechazado aplicar la ley de amnistía a los investigados en varias piezas judiciales relacionadas con supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, entre los cuales hay Alay y Víctor Terradellas, el empresario y exresponsable de relaciones internacionales de CDC. En resoluciones conocidas este lunes, el juez que investiga el caso Volhov tampoco voz amnistiable los investigados en la pieza de CatMon/Igman, sobre supuesta financiación indirecta del proceso a través de subvenciones públicas, y a la del nombramiento del exregidora de CiU Maite Fandos como asesora de la Diputación de Barcelona.
En una de las interlocutorias, revela Europa Press, Aguirre se niega a amnistiar los hechos que se investigan en la pieza principal porque, según sostiene, durante la investigación han aparecido indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que «dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas para ciertos grupos de subvenciones, en cuanto que afectan diferentes entidades y, en algunos casos, incluía la posible comisión otros delitos». El magistrado, por otro lado, considera que no ha quedado “suficientemente acreditada” la relación de los delitos investigados con la consecución de la independencia de Cataluña, y por eso “no procedería” aplicar la ley de amnistía.
En la pieza que afecta a Alay y a Terradellas, entre otros, el juez se opone por los delitos de malversación y cree que hubo un “enriquecimiento injusto” de los que recibieron las subvenciones y que no hay indicio de que se destinaran al proceso independentista. En cuanto a la pieza del nombramiento de Fandos como personal eventual de la Diputación de Barcelona, en la que se investigan los delitos de tráfico de influencias y malversación, el juez se opone a aplicar la ley porque, según dice, “no tiene ninguna relación con el proceso independentista”.
