La Cataluña del 2024 es una sociedad democrática, europea, abierta y plural. Así lo reflejan, elección tras elección, los resultados de las urnas. Esta es la realidad que tenemos que asumir, si queremos tener los pies en el suelo, dando por sentado que hay que continuar trabajando para hacerla mejor, más próspera y más equilibrada.
Por ejemplo, facilitando el acceso a una vivienda digna y asequible a las personas y familias que la necesitan. Hay que agilitar la recuperación de los pisos vacíos que todavía están en manos de la Sareb e incentivar la construcción de nuevos edificios residenciales, bien sean de iniciativa pública, público-privada o privada.
Se deben intensificar las políticas para la plena incorporación y adaptación de las personas recién llegadas -dos millones, en los últimos años- a nuestra comunidad. En este sentido, y más allá de los tópicos habituales, la escuela es fundamental para la formación de buenos ciudadanos y hay que focalizar los recursos públicos en la preparación del profesorado y en la educación en la excelencia de las nuevas generaciones.
Es en este contexto, perfectamente equiparable al de la mayoría de territorios de la Unión Europea -con sus problemas, sus conflictos, sus oportunidades y sus esperanzas-, que el ex-presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice que dejará su mansión de Waterloo para volver, siete años después, a Cataluña, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa.
Sabe que será detenido y encarcelado, porque la ley de amnistía, en la cual intervino de manera determinante su abogado de cabecera, Gonzalo Boye, de momento no le ampara, según han decidido el Tribunal Supremo y el magistrado Pablo Llarena. Ha perdido la inmunidad que le daba su pasada condición de eurodiputado, su protección jurídica en Bélgica es ahora muy débil y ha decidido, a sus 61 años, quemar las naves.
Carles Puigdemont vuelve para montar el show y, si puede, liarla muy gorda. Es decir, movilizar a los catalanes que le consideran víctima de una injusticia insoportable para inflamar las calles y provocar un triple efecto: impedir la investidura de Salvador Illa, con la revuelta de las bases de ERC; aniquilar a ERC, en la perspectiva de unas nuevas elecciones el mes de octubre; y hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente que concedió los indultos a los líderes independentistas y que se quemó políticamente con la aprobación de la ley de amnistía. Todo, demencial.
Su estrategia última es un Gobierno PP-Vox en la Moncloa que justifique una reedición de los Pactos del Majestic… o un nuevo embate secesionista. Si Carles Puigdemont se sale con la suya, ya sabemos qué nos espera: otra vez, la división y la confrontación identitaria de la sociedad catalana, la inestabilidad gubernamental y la destrucción de la convivencia. Además, los que participen en los hipotéticos disturbios que se puedan producir quedarán fuera del ámbito de la amnistía.
Este es el panorama caótico que tienen en la cabeza el expresidente Puigdemont y su troupe de hooligans, muchos de ellos de edad avanzada. No volverá a Cataluña con la grandeza y el apoyo mayoritario de la calle que tuvieron Francesc Macià o Josep Tarradellas. Carles Puigdemont nos anuncia que volverá con ánimo de guerra y de revancha. No, gracias.
No se trata solo de encontrar, a la desesperada, una salida personal a su complicada situación judicial y política. En el pack también está su abogado de confianza, Gonzalo Boye, que el próximo mes de noviembre tiene que afrontar un peligroso juicio en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Antidroga le pide 9 años y 9 meses de cárcel por haber colaborado, presuntamente, en la trama de blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco.
Intentar salvar a Gonzalo Boye de este trance es una obligación moral de Carles Puigdemont. Por consiguiente, el estropicio que prepara es de dimensiones colosales, para que su solución personal tenga como apéndice la absolución de Gonzalo Boye.
Seamos serios. Estamos en la recta final del acuerdo entre PSC y ERC, extensible a los Comunes, para la investidura del líder socialista Salvador Illa como 133º presidente de la Generalitat, pendiente solo de la votación vinculante de la militancia republicana. Después de tantos años de disparates y de vértigo, los catalanes nos merecemos una brizna de optimismo y hay que esperar que este mes de agosto se celebre el plenario del Parlamento que designará a Salvador Illa y se proceda a la formación del nuevo consejo ejecutivo.
Gobernar una comunidad territorial de 8 millones de habitantes, plenamente insertada en la Unión Europea, no es una tarea especialmente titánica, siempre que se haga desde la honestidad, la transparencia, la voluntad de diálogo, la prudencia y la responsabilidad. Salvador Illa, que recibió la herencia política de Romà Planas -persona de la máxima confianza del presidente Josep Tarradellas- reúne todas las cualidades y capacidades para ser un gran presidente de la Generalitat y estoy convencido que lo demostrará desde el primer día.
Cataluña solo conseguiremos hacerla avanzar y sobresalir desde el compromiso, el consenso y la unidad de la amplia mayoría de las fuerzas políticas, empresariales, sindicales y sociales. Esta es la gran lección que nos legó el presidente Josep Tarradellas -desgraciadamente quebrada por Jordi Pujol-, que Salvador Illa ha hecho suya y que, a buen seguro, pondrá en práctica en el ejercicio del nuevo cargo, que deseo logre cuanto antes mejor.
