La formación Crida per Sabadell ha explicado que quien fue alcalde de la capital vallesana entre 2017 y 2019, Maties Serracant, ha recibido la notificación de que el Tribunal Supremo propone plantear una cuestión de inconstitucionalidad para su caso. Serracant fue condenado a cuatro meses de inhabilitación y una sanción de 1.800 euros por desobediencia grave cometida por autoridad o funcionario público por los hechos del 1-O en la ciudad. La noticia llega al día siguiente de saberse que el Supremo también llevará la ley de amnistía en un caso de desórdenes públicos a los juzgados de Girona, motivo por el cual la formación considera que el criterio del tribunal supone cuestionar el conjunto de la ley.
La titular del juzgado penal número 1 de Sabadell impuso la condena al alcalde eln junio de 2023, entendiendo que no actuó para impedir la celebración del referéndum en la ciudad. Uno de los puntos críticos en la localidad fue la escuela Nostra Llar, donde la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tenía que emitir su voto, y donde la Policía Nacional irrumpió en busca de urnas y papeletas, que finalmente no encontraron, provocando desperfectos importantes en el centro educativo.
«Ya éramos conscientes de que la aplicación de la ley de amnistía estaría llena de trabas y que la represión no acabaría, hoy vemos que a pesar de que la amnistía ha llegado ya a numerosos policías y ha servido también para lavar la cara de una parte del Estado, nuevamente los tribunales impiden la aplicación y muchos encausados y encausadas siguen sufriendo la represión», destaca Serracant en un comunicado. El Tribunal Supremo reconoce que el del exalcalde es un caso de clara aplicación de la ley de amnistía, pero justifica la decisión de llevarlo al Constitucional alegando que la ley supone un «tratamiento discriminatorio en función de la ideología sin motivo o causa constitucionalmente aceptable».
Del mismo modo, los magistrados destacan que el propio principio de amnistía propuesto a partir de una mayoría parlamentaria genera inseguridad jurídica. Serracant ha anunciado que comparecerá en el trámite de diez días para alegar respecto a esta cuestión de inconstitucionalidad.
