El Consejo de Garantías avala la reforma del reglamento del Parlament y la considera constitucional

El organismo rechaza las quejas del PPC y da vía libre a la regulación del voto telemático y delegado

El ple del Parlament de Catalunya - Foto: Parlament de Catalunya, Sergio Ramos Ladevesa

El Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado la constitucionalidad de la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña impulsada por el PSC, Junts, ERC, Comuns Sumar y la CUP, que pretende habilitar el voto telemático y ampliar los supuestos del voto delegado. En un dictamen hecho público este miércoles, el órgano consultivo desestima las quejas del PPC y da vía libre a su votación definitivo este jueves en la cámara. Este Consejo sólo ha hecho una precisión sobre una frase del artículo 2 de la propuesta, que dice que «el voto de la persona delegante es contabilizado en el mismo sentido que el voto emitido por la persona a la que se delega», recoge la ACN. Para asegurar su constitucionalidad, recomienda reformularlo para que, si el sentido del voto es distinto, se informe a la Mesa antes del inicio de la sesión.

El pasado 11 de julio, el pleno del Parlamento catalán aprobó la tramitación por lectura única de la propuesta de reforma del reglamento, que será debatida y aprobada definitivamente este jueves. El texto consensuado entre PSC, Junts, ERC, Comuns Sumar y la CUP plantea introducir nuevos supuestos de delegación de voto, regular el voto telemático, flexibilizar el procedimiento para constituir los grupos parlamentarios y modificar la mayoría necesaria para aprobar las declaraciones institucionales con el objetivo de impedir el veto de la extrema derecha.

En su dictamen en respuesta a las quejas del PPC, que carece de carácter vinculante, el Consejo de Garantías Estatutarias concluye por unanimidad la constitucionalidad de la práctica totalidad de la reforma planteada. El órgano consultivo señala que no vulnera ni el artículo 23.2 de la Constitución española (igualdad del ejercicio del voto), ni el artículo 9.3 (seguridad jurídica), interpretados por la jurisprudencia constitucional, a diferencia de lo que alegaban los populares, añade la misma información.

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