El gobierno de la Generalitat ha interpuesto un recurso contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspende cautelarmente el decreto de régimen lingüístico que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela. Se trata de la norma que el ejecutivo catalán impulsó para esquivar la imposición judicial del 25% de las clases en castellano. En el escrito, el ejecutivo catalán argumenta que no hay motivos para dictar medidas cautelares porque el decreto no supone un daño real y efectivo al alumnado. El gobierno catalán aprobó el decreto el 14 de mayo para fijar que el catalán es la lengua «normalmente empleada como vehicular». Y la Asamblea para una Escuela Bilingüe pidió la suspensión cautelar.
El recurso del gobierno catalán recuerda al TSJC que la adopción de medidas cautelares tiene que ser especialmente restrictiva a la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que despliega normas plenamente vigentes como la Ley de Educación de Cataluña, el Decreto Ley 6/2022 o la Ley 8/2022. Y el ejecutivo catalán se muestra plenamente convencido de la legalidad del Decreto 91/2024.
En este sentido, el gobierno catalán asegura que la suspensión cautelar no supone ningún problema respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros. Se trata, según dicen, de un procedimiento recogido en el Decreto Ley 6/2022 y que el Departamento de Educación continuará llevando a cabo, tal como queda reflejado a los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas de inicio del curso 2024-2025.
Finalmente, el ejecutivo de la Generalitat de Catalunya también se manifiesta contrario a la suspensión cautelar del decreto entero cuando, en todo caso, considera que las medidas cautelares se hubieran podido limitar a los artículos donde el tribunal apreciara vulneraciones de derechos.