La Comisión Europea sostiene que la directiva antiterrorista europea debe ser compatible «con los derechos y libertades». Estas palabras las ha suscrito a través de una carta la vicepresidenta del ejecutivo comunitario, Vera Jourová, en respuesta a una pregunta trasladada por los europarlamentarios de ERC, Diana Riba y Jordi Solé, sobre la acusación de terrorismo a Ruben Wagensberg por el caso de Tsunami Democràtic.
En el escrito, Jourová también ha asegurado que Bruselas continuará «prestando especial atención a los intentos de presión hacia miembros de la sociedad civil en cualquier estado miembro» y ha defendido que el activismo juega un papel «clave» para defender a estado de derecho a la Unión a través de una sociedad civil «vibrante».
Según la respuesta de Jourová, la libertad de asamblea, así como la libertad de expresión y de asociación, son derechos reconocidos en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que «constituyen la base para una sociedad libre, democrática y pluralista». En este sentido, la también comisaria de Valores y Transparencia ha resaltado que los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos «tienen un rol muy importante a la hora de defender los valores comunes».
Más allá de estas palabras, la dirigente checa no ha entrado al detalle concreto sobre la acusación de terrorismo que pesa sobre Wagensberg, y se ha limitado a señalar que las respuestas en esta materia corresponden «a las autoridades judiciales de cada estado miembro», puesto que las instituciones europeas no tienen competencias en esta materia.
