La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha abierto una actuación de oficio para analizar los criterios y el proceso de gestión de los alojamientos temporales de urgencia. El objetivo es aportar propuestas de mejora para abordar las quejas tanto de los usuarios como de los trabajadores de los servicios sociales ante los cambios impulsados desde el Ayuntamiento de Barcelona. Además, ha impulsado un grupo de trabajo para abordar este tipo de alojamientos.
Uno de los primeros acuerdos del grupo es pedir a la Comisionada de Acción Social y al Comisionado de Vivienda una moratoria en la aplicación de los nuevos criterios, puesto que ha considerado que «dificulta» el acceso al recurso de alojamiento temporal de urgencia. La Sindicatura cree que hace falta revisar el modelo, y ha afirmado que la prestación de este servicio presenta varios problemas, como el hecho de que el alojamiento puede alargarse años, que las condiciones son a menudo de baja calidad o precarias, que no se adecuan a las necesidades de niños y jóvenes o el hecho de que se separa a las familias en diferentes alojamientos, entre otros. De hecho, el organismo ha abierto la actuación de oficio a raíz de las informaciones de situaciones y circunstancias «precarias» en las que se encuentran personas y familias que están alojadas en diferentes servicios sociales del consistorio.
La Sindicatura recibió información a principios de año por parte del Ayuntamiento sobre los cambios que quería impulsar en este tipo de alojamientos, con el objetivo de que aconteciera realmente un recurso temporal y no se alargara en el tiempo. De hecho, uno de los principales cambios es establecer un periodo de seis meses para estos alojamientos temporales de urgencia. Ante esto, la Sindicatura ha asegurado que entre febrero y junio de este año ha recibido quejas e informaciones de entidades que le permiten concluir que la situación de vulnerabilidad de personas y familias atendidas por los servicios municipales «se ha agravado» por la finalización de su estancia en alojamientos temporales, sin un recurso de salida y sin que salgan con recursos propios para encontrar alternativas en el mercado privado.
Por otro lado, el organismo ha aseverado que el servicio de gestión del alojamiento temporal y la manutención en Barcelona y el área metropolitana está externalizado y ha destacado que el último contrato se adjudicó a una empresa orientada al sector turístico. Por todo ello, la Sindicatura ha hecho un llamamiento a revisar el modelo actual para hacer un uso «más eficiente» de los recursos públicos teniendo en cuenta el elevado coste del servicio, y también para que se vele para garantizar unas condiciones mínimas que permitan a los usuarios desarrollar su vida diaria de manera adecuada.