El Gobierno de España pondrá en marcha cambios legislativos para limitar de manera más efectiva tanto los alquileres temporales como los pisos turísticos que han proliferado los últimos años en todo el país. Según ha dicho este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se quiere modificar la ley de propiedad horizontal para «empoderar a los vecinos» y hacer que la opinión de las comunidades sea vinculante a la hora de autorizar o no cualquier actividad económica en las fincas. En el caso de los alquileres temporales, rendija legal de muchas viviendas turísticas, la ministra ha apostado por hacer que se tengan que justificar y registrar: «La temporalidad dependerá de la causa», ha apuntado.
Tal como ha indicado Rodríguez en una rueda de prensa en Madrid, los alquileres temporales se tienen que circunscribir a situaciones específicas, como por ejemplo los estudios o la investigación, condición avalada también por la Unión Europea (UE). Para hacerlo, ella apuesta por acompañar los contratos de alquiler temporal con documentos que acrediten la necesidad de esta modalidad del mismo modo que los alquileres tradicionales requieren contratos de trabajo o nóminas salariales.
La ministra ha detallado que este mecanismo permitirá que los alquileres temporales no generen abusos que tensen el mercado de alquiler residencial como pasa también con los pisos turísticos. «Ante el drama no se puede mirar a otro lado», ha enfatizado la ministra antes de recordar que la solución del problema de la vivienda es uno de los grandes retos de la presente legislatura.
Pisos turísticos
El gobierno español también quiere incrementar las limitaciones a los alquileres turísticos dando un mayor poder a las comunidades de vecinos. En este sentido, Rodríguez ha defendido que hay que «apurar» el margen de competencia del Estado para hacer que las fincas tengan una opinión «determinante» a la hora de permitir o no una actividad económica como es un piso de alquiler turístico. Para hacerlo, se hará un ajuste legal «quirúrgico» que se negociará con los diferentes grupos parlamentarios.
Desde el gobierno español recuerdan que la ley de vivienda de 2023 incorporaba la promesa de trabajar para regular los alquileres a través del grupo de trabajo donde Rodríguez ha preparado las nuevas propuestas del ejecutivo, y que se ha reunido este mediodía en la sede del Ministerio de Vivienda. De este espacio -que incluye a sindicatos, patronales, inmobiliarias, agentes de la propiedad urbana y varios ministerios- el ejecutivo central ha extraído el mandato de regular las modalidades de alquiler, a pesar de que algunos actores, como el Sindicato de Inquilinas, han considerado insuficientes las propuestas planteadas por el ejecutivo.
