El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha presentado un recurso contra la interlocutoria del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que abría una pieza separada del caso Voloh para investigarlo a él y a otros, como el expresidente Carles Puigdemont o el abogado Gonzalo Boye por su presunta participación en la supuesta trama rusa del proceso independentista. El recurso alega que la nueva pieza separada es un «fraude procesal» para saltarse la resolución de la Audiencia de Barcelona que obligaba el instructor a poner fin a la investigación. También dice que los hechos descritos, aunque fueran ciertos, no son delictivos. Por todo esto, pide el archivo de la causa.
En su escrito, de 15 páginas y al cual ha tenido acceso la ACN, el abogado de Mas, Jordi Pina, dice que su cliente es la primera vez que está investigado en este caso, abierto ya hace más de ocho años, y que califica de «follón o sudoku procesal». De hecho, reprocha al magistrado instructor, Joaquín Aguirre, la «falta de criterio y rigor en la apertura de piezas separadas», que ya ha sido criticada por la Audiencia de Barcelona, y le acusa de «fraude procesal».
El escrito reprocha al instructor que haya abierto una nueva pieza separada sobre esta supuesta injerencia rusa después de que la Audiencia le obligara a concluir la instrucción de otra pieza separada sobre el mismo aspecto.
En cuanto a los hechos concretos que se atribuyen a Mas, su letrado asegura que no hay ningún elemento indiciario que apunte a la supuesta malversación de fondos públicos, puesto que Mas dejó todos los cargos públicos el enero de 2016. Respecto a las delegaciones de la Generalitat en el exterior, de 2011 a 2017, Pina recuerda que esto ya ha sido investigado e incluso juzgado por varios órganos judiciales, y en ningúno de ellos se ha investigado a Mas.
Sobre el delito de traición, el escrito también es muy duro contra el instructor, asegurando que la interlocutoria judicial hace «elucubraciones» sobre la guerra híbrida «impropias de una resolución judicial mínimamente seria». Así, considera que la reinterpretación del Código Penal no se puede hacer contra el investigado, como establecen la Constitución Española y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
El texto recuerda que todos los delitos a los cuales se puede aplicar el delito de conspiración para la traición exigen que haya un estado de guerra declarado legalmente, cosa que no pasó. Por eso, asegura que aunque los hechos fueran ciertos, no serían delictivos. Igualmente, critica las valoraciones políticas que hacía el juez en su interlocutoria.
