El Gobierno de España no impulsará una reforma de la ley de amnistía ni legislará para modificar los artículos en los que se ha basado el Tribunal Supremo para no aplicarla a los casos de malversación y mantener las inhabilitaciones y órdenes de detención a los dirigentes del procés.
Fuentes de la Moncloa citadas por la ACN han apuntado que esta posibilidad no está sobre la mesa, y han recordado que con el impulso y la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, tanto el ejecutivo español como el PSOE han hecho su labor y han cumplido su compromiso.
La cuestión, según dan por hecho estas fuentes, se dirimirá finalmente en el Tribunal Constitucional (TC), que es quien resuelve los conflictos en la interpretación de las leyes, a petición de las partes.
El TC cuenta actualmente con una exigua mayoría progresista y no está claro el alcance de la decisión que pueda adoptar respecto a las resoluciones del Supremo, máximo órgano de la instancia judicial, difunde la ACN.
La ministra i portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, además, ha asegurado que su gobierno tiene «el máximo respeto a las decisiones del poder judicial», pero ha recordado que la ley de amnistía se aprobó por «mayoría absoluta en el Congreso», con un texto «muy claro que no se ha acabado traduciendo en las resoluciones de esta semana.
