El exdiputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pau Juvillà, ha anunciado este lunes que ha presentado las alegaciones pertinentes para excluirse de la ley de amnistía y presentar una demanda contra el «reino de España» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que se ha producido una «vulneración evidente de los derechos humanos, políticos y de libertad de expresión en mi caso y en muchos otros». Concretamente, denuncian la «vulneración de los artículos 9 y 10 de la Convención de Derechos Fundamentales, referentes a la libertad ideológica y de expresión».
«Lo hacemos porque entendemos que es muy importante que Estrasburgo se pronuncie y determine esta vulneración evidente de los derechos de libertad y de expresión política. Queremos que sentencie contra España y se establezca un precedente y esto no vuelva a pasar nunca más«, ha explicado Juvillà en una rueda de prensa ante los juzgados de Lleida. La causa contra el exdiputado de la CUP se remonta a su etapa como regidor del partido anticapitalista en el Ayuntamiento de Lleida, cuando se negó a retirar unos lazos amarillos del despacho municipal en periodo electoral tras una denuncia de Ciudadanos y a pesar de las advertencias de la Junta Electoral Central (JEC).
Al recoger el acta de diputado en el Parlamento, el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo condenó a medio año de inhabilitación para ejercer un cargo público y a una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia. El abogado de Juvillà, Carles López, ha recordado que presentaron varios recursos contra la sentencia que fueron desestimados, el último de los cuales fue un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que no se admitió a trámite.
En la misma línea que su representado, López ha justificado la negativa a acogerse a la ley de amnistía porque considera que la causa contra Juvillà ya ha sido ejecutada completamente y para facilitar el recorrido de la demanda presentada al tribunal de Estrasburgo.»Uno de los argumentos por los cuales nos oponemos a pedir la amnistía es que Pau ya tiene una sentencia completamente ejecutada y el procedimiento judicial está archivado definitivamente. Consideramos que la ley no tiene ningún efecto real sobre su situación. El segundo motivo es que nos podría ocasionar una pérdida de oportunidad porque tenemos planteadas demandas de vulneración de derechos fundamentales que se podrían ver afectadas o bien podría ser una tentación para el Estado español para hacer caer los procedimientos judiciales», ha explicado López.
