Junts y Aurora Madaula, una de sus vicepresidentas, han comunicado este lunes que no se enfrentarán a los tribunales y que han acordado reforzar los mecanismos internos contra el acoso de género, según han avanzado ambas partes a la Agència Catalana de Notícies (ACN).
En concreto, Madaula ha renunciado a llevar a los tribunales la denuncia que había presentado en la Oficina de Igualdad del Parlamento de Cataluña por acoso. A cambio, la formación se ha comprometido a revisar su protocolo interno de prevención del acoso para adecuarlo a la ley catalana 17/2020 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Por otro lado, el partido garantizará, en el plazo de dos años, una «formación continuada» de sus asociados en esta materia, especialmente quienes tienen cargos orgánicos y representativos.
Estas actuaciones contarán con la «participación activa» de Madaula, quien, además de vicepresidenta del partido, ha sido la responsable de políticas de igualdad y género, tanto en la cámara catalana como en la sectorial de feminismo.
En el comunicado conjunto, que avanza la ACN, el secretario general del partido, Jordi Turull, y Aurora Madaula han constatado que, pese a los «avances legislativos importantes» para la prevención del acoso, «las instituciones públicas, los partidos políticos y una parte de la sociedad no han asumido, desgraciadamente, todo lo que es necesario asumir». Y han añadido que «todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos que son imprescindibles».
La polémica estalló el pasado noviembre, en el Parlament de les Dones celebrado en la cámara catalana. Durante su intervención, Aurora Madaula se emocionó cuando explicó sin dar detalles una situación de «violencia silenciosa» por parte de compañeros y compañeras. Denunció como violencia el hecho de que «te modifiquen una propuesta sin tu opinión».
El caso de Casol
Madaula, entonces secretaria segunda de la Mesa, acabó presentando una denuncia ante la Oficina de Igualdad del Parlamento de Cataluña por acoso en su grupo parlamentario, como igualmente había hecho la también diputada Cristina Casol, ambas cercanas a la presidenta del partido, Laura Borràs.
La Oficina de Igualdad del Parlamento catalán acabó archivando la denuncia de Cristina Casol por un supuesto acoso por razón de género porque no apreció «ningún hecho probado». Sin embargo, el informe también señaló que «queda acreditado un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado y donde se genera una diferencia de trato y competencias generales por motivos de sexo/género en los que se producen diversas discriminaciones directas e indirectas».
Una vez archivada la denuncia, la ejecutiva de Junts acordó por mayoría la exclusión de Cristina Casol del grupo parlamentario, de manera que pasó a ser una diputada no adscrita. El partido, que señalo una supuesta «intencionalidad política», también presentó una querella contra la empresa externa que investigó los hechos, argumentando que no había podido defenderse y que el informe debía ser confidencial.
El protocolo del Parlamento catalán
Aparte de los movimientos de Junts, los letrados del Parlament de Cataluña también emitieron el pasado febrero un informe a petición de la Mesa a raíz de los casos de Madaula y Casol. Concretamente, los servicios jurídicos consideraron que «la imposición de sanciones» contemplada en el protocolo contra el acoso de la cámara «plantea un problema de constitucionalidad». Por eso, «recomendaban» una reforma «urgente» para «intentar solucionar las dudas jurídicas identificadas».
