Vox, Catalunya en Comú (CatComú), el PDECat y Sortu -formación integrada en EH Bildu- incurrieron en irregularidades de la gestión de sus cuentas en 2020, que podrían derivar en «infracciones sancionables». Según consta en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2020, conocido este viernes, Vox fue la formación con más irregularidades.
De hecho, el partido de Santiago Abascal aceptó donaciones o aportaciones no identificadas, donaciones «finalistas» y cuotas, aportaciones y donaciones en efectivo. CatComú y Sortu también toleraron donaciones sin identificar.
Según indica el Tribunal de Cuentas y difunde la ACN, como resultado de la actividad de las «mesas informativas» de Vox se generaron ingresos en efectivo sin que el órgano fiscalizador tuviera constancia a qué concepto correspondían. Posteriormente, el efectivo recaudado se fue ingresando en las cuentas corrientes de la formación a través de cajeros automáticos, por importes que mayoritariamente no exceden de 300 euros.
«La formación no ha llevado registros auxiliares de control de estos movimientos de efectivo, algo que habría sido conveniente teniendo en cuenta que en 2020 se han detectado 91.972,71 euros, cuyo origen no ha sido acreditado», resalta el tribunal. Los ingresos registrados por la formación en el ejercicio de 2020 ascendieron a 15.333.939 euros. Del total, el 66% correspondía a financiación pública y el 34% a ingresos de origen privado.
En cuanto a la aplicación de la normativa en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el informe remarca que el comité ejecutivo de Vox está integrado por un 75% de hombres y un 25% de mujeres, lo que no se ajusta a la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por su parte, la plantilla efectiva del personal contaba en el ejercicio 2020 con una proporción media de mujeres del 41% y de hombres del 59%.
En el caso de los comunes también existen irregularidades, pero por un importe mucho menor. Según el mismo órgano, esta formación recibió donaciones en 2020 mediante una plataforma de pago por internet por importe de 279 euros. El informe refleja que no les ha sido posible realizar la identificación de los donantes, lo que puede ser un incumplimiento sancionable de lo que establece la ley de financiación de partidos.
