Òmnium Cultural, Irídia y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han presentado un escrito al juzgado de instrucción número 7 de Barcelona exigiendo la no aplicación de la amnistía para los 46 policías nacionales que agredieron a votantes durante el referéndum declarado inconstitucional del 1 de octubre de 2017. La Fiscalía, en cambio, ha pedido la amnistía al considerar que la actuación de los agentes para impedir el referéndum como mucho supondría delitos de lesiones, lesiones leves o maltrato de obra leve. En cambio, no considera, como sí que creen las acusaciones, que algunas cargas supusieran un delito contra la integridad moral.
Las acusaciones reiteran que la ley de amnistía no puede beneficiar a los responsables de la “brutalidad policial” ejercida contra la ciudadanía, puesto que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De hecho, argumentan que los actos investigados tendrían que quedar exentos de la aplicación de la ley porque pueden representar delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes, que superan el umbral de gravedad en conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y, por lo tanto, son actos excluidos en el artículo 2 de la ley de amnistía.
En este sentido, las organizaciones personadas contradicen los argumentos principales de la Fiscalía encargada de este procedimiento, que ya se ha posicionado a favor de la aplicación de la amnistía para los agentes de policía investigados, y alegan, además, que los hechos no son subsumibles dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley, puesto que estas actuaciones policiales no iban dirigidas a impedir delitos ni infracciones administrativas. Las entidades afirman que continuarán ejerciendo su rol de acusación popular y anuncian que, en caso de que se les aplique la ley de amnistía, acudirán a las instancias necesarias para no dejar impune la violencia policial.
