El interés y la preocupación por la degradación política, estimulada y provocada por las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha, es un tema que resuena en muchas sociedades de todo el mundo, si bien en España ha llegado a una situación alarmante por el uso de la extrema derecha, con la aprobación y aplauso de la derecha extrema, de las calumnias y falsas denuncias impulsadas por colectivos mafiosos, herederos de la dictadura franquista, y que aceptan jueces prevaricadores a su servicio. Cualquier asunto y prueba vale y, seguidamente, con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, se convierte en noticia y debates entre la sociedad, cada día más polarizada y confrontada.
Lo grave es que esto también provoca desafección política, ya que afecta y tiene consecuencias en la calidad de nuestra democracia, una democracia en crisis en todo el mundo, acentuada por un sistema capitalista desregulado e insolidario, que ha hecho aumentar las desigualdades escandalosamente.
Cuando los ciudadanos perciben que la política está degradada o que a los políticos sólo les preocupan sus intereses partidistas y no el bien común, pueden sentirse alienados y reacios a participar en los procesos electorales y esto puede conducir a una menor implicación ciudadana, lo cual puede tener consecuencias negativas para la salud democrática de un país. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para que una democracia funcione correctamente, puesto que proporciona legitimidad a los gobiernos elegidos y asegura que las decisiones políticas reflejen la voluntad del pueblo.
Por eso, el respeto por los resultados electorales es un pilar fundamental de las democracias modernas. La integridad del proceso electoral y la aceptación de los resultados garantizan la continuidad de la gobernanza y la confianza en el sistema político. Es esencial que todos los participantes en el proceso electoral, tanto ganadores como perdedores, mantengan un compromiso con los principios democráticos y reconozcan la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Por tanto, en una democracia es vital aceptar los resultados y encontrar maneras de incrementar la confianza en la política y motivar a la gente a implicarse más en la vida pública. Sólo así cabe esperar revertir la tendencia a la desafección y fortalecer las instituciones democráticas.
La necesidad de regeneración democrática y la lucha por la igualdad de oportunidades son valores fundamentales que muchas organizaciones y ciudadanos defienden. En este contexto, se destaca la importancia de la transparencia, la responsabilidad, también la honestidad y el compromiso cívico por parte de todos los actores políticos, así como es importante la aplicación de políticas sociales para fortalecer la democracia.
No es necesario insistir en la necesidad de favorecer la participación ciudadana activa e informada como elemento clave para la protección y el avance de derechos y libertades. Asimismo, es esencial que las organizaciones democráticas trabajen conjuntamente para promover un diálogo constructivo y soluciones efectivas que contrarresten las manipulaciones y acusaciones infundadas. Por eso, la implicación y la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad puede contribuir a una mayor cohesión social y a la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos.
También se debe escuchar a la ciudadanía y es necesario derogar la «Ley Mordaza», formalmente conocida como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en España en marzo de 2015, que ha sido objeto de debate intenso y controversia, pero sobre todo de rechazo, porque somos muchos quienes la consideramos como una restricción abusiva de las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la protesta. No es acertado que la Ley establezca sanciones, en muchos casos inalcanzables, por comportamientos considerados como infracciones y que hasta su aprobación no lo eran, como las devoluciones en caliente, las restricciones a las manifestaciones ante el Congreso y el Senado, y las penalizaciones por tomar fotos o vídeos a la policía sin autorización.
Cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la mayoría de la Ley, salvo en el punto de las grabaciones no autorizadas a las fuerzas de seguridad, que declaró inconstitucional. Como también lo es que la Ley limita derechos fundamentales y favorece una aplicación arbitraria de las sanciones, y no necesariamente sirve para mantener el orden público y la seguridad. Por eso, si bien el debate sobre la Ley Mordaza sigue siendo un tema vivo en la política española, a pesar de las promesas de derogación por parte de ciertos grupos políticos, es necesario avanzar y hacerlas realidad.
En el contexto de las leyes y derechos fundamentales, cuando una ley parece causar más problemas de los que resuelve y restringe derechos básicos, es necesario actuar y revisarla o anularla.
Este proceso puede acarrear una evaluación detallada de sus efectos y la búsqueda de un equilibrio entre el orden público y la libertad individual. Y en esta situación, la participación ciudadana y el debate abierto son esenciales en esa reconsideración para asegurar que las leyes reflejen los valores y necesidades de la sociedad.
