Que se venga hablando poco o casi nada del ‘avalgate’ no quiere decir que el escandaloso caso destapado sobre el interés de terceras personas y empresas en pagar el aval de la junta de Joan Laporta, presuntamente a cambio de influencias o participación en negocios relacionados con el FC Barcelona o con sus directivos, no siga avanzando. Hacienda, a través de sus mecanismos de control y de investigación, sigue enviando notificaciones a quienes figuraban como titulares de esa cuenta solidaria, en principio reservada a los directivos que avalaron y a aquellos que, sin acabar siendo proclamados miembros de la junta de Laporta, aportaron garantías personales y patrimoniales para alcanzar esos 124,7 millones en avales necesarios para validar la toma de posesión de la candidatura ganadora de las elecciones celebradas el 7 de marzo de 2021.
No trascienden demasiados detalles porque la propia administración fiscal espera trabajar con discreción de la misma manera que quienes están siendo llamados a declarar y a responder a las preguntas de los investigadores prefieren no divulgar ni comentar las extrañas preguntas que surgen en torno a ingresos en esa cuenta del Banc de Sabadell de naturaleza extraña y de países y corporaciones extranjeras, más allá de las conocidas procedentes de ISL, un proveedor del club, del hermano del presidente, Xavier Laporta, y de un empresario israelita, socio de Laporta en negocios al margen del FC Barcelona.
Podrían existir, de acuerdo con las últimas informaciones, nuevos hallazgos de aportaciones realmente sorprendentes por su origen, más allá de la irregularidad detectada y manifiesta, según los expertos, en el hecho de que se abonaran los intereses del aval desde fondos no directamente aportados por la directiva. Aún está adquiriendo carta de naturaleza más sospechosa e inexplicable que no todos los directivos estuvieran al corriente de los movimientos y funcionalidades de una cuenta bancaria de la que eran titulares, al parecer para encubrir formalmente que era la directiva la que se hacía cargo, como es preceptivo, de los intereses.
También va adquiriendo relevancia el brusco desenlace de la relación entre la junta de Laporta y ISL Futbol LLC a raíz de que El Periódico destapara el caso. En un principio, la reacción de esta sociedad, que daba servicio al FC Barcelona como externo en la generación y comercialización de las Barça Academy en los EEUU, fue la de admitir haber ingresado 350.000 euros en forma de préstamo a esa cuenta que luego se utilizó en el pago de los gastos financieros del aval. La junta también corroboró en un primer momento esa versión sin saber explicar el porqué de un préstamo ni que ISL recibiera el encargo, al poco tiempo, de organizar dos partidos amistosos de la gira USA del primer equipo en el verano del 2022. El hecho de recibir dinero no justificado por ningún contrato de servicio de un proveedor, mucho menos un préstamo, figura como una infracción grave del Código Ético del FC Barcelona y de la propia Llei de l’Esport sobre la conducta y actuación de la directiva.
En el comunicado inicial de reacción, la directiva de Laporta se contradijo destacando la calidad y eficiencia de los servicios de ISL y al mismo tiempo avanzando un probable final de su relación, progresivamente reducida a menos porque otros proveedores le estaban ganando terreno. Pocos días después, la junta azulgrana hacía pública la decisión del club de romper definitivamente la prestación de servicios con ISL Futbol LLC, que igualmente habrá de comparecer, de momento ante Hacienda, para dar las explicaciones oportunas sobre esta trama misteriosa.
Fuentes próximas a ISL no dan crédito a este giro de los acontecimientos, pues según su versión de los hechos fue la junta azulgrana la que les propuso tramitar este crédito de 350.000 euros a favor a los directivos y con el único propósito de contribuir al pago del coste de los avales. Por más que ahora Laporta y los abogados hayan puesto en marcha una estrategia de borrado de este episodio, incluido haber cortado de raíz el acuerdo profesional con quien había desarrollado exitosamente las Barça Academy y los Campus Barça en territorio USA a lo largo de los últimos años, el rastro de una colaboración absolutamente infraccionaría está lo bastante claro y probado como para haber provocado una investigación de este calibre.
Para ISL Futbol LLC, lo más incomprensible es que no se les ha devuelto íntegramente, al contrario, ese préstamo por parte de los beneficiarios, la directiva de Laporta, y en cambio sí reconoce haber cobrado la comisión estipulada por la organización de los amistosos de la gira del verano de 2022. Este final, según se mire o se interprete, lejos de mitigar la pestilencia de los hechos, parece contribuir a aumentar las sospechas y los indicios de un probable delito.
A la prensa barcelonista especializada, sin embargo, parece que le siguen interesando bastante más los movimientos de un mercado al que el Barça de Laporta no puede acceder, al menos por ahora, mientras siga teniendo bloqueado su margen salarial. Del ‘avalgate’, a diferencia de otros conflictos legales que sí han provocado una profusión mediática en el pasado cuando han afectado a otras juntas y a otros presidentes, nadie quiere hablar ni informar siguiendo estrictamente las instrucciones de la ‘gestapo’ laportista.
