Con demasiada frecuencia, nos olvidamos de dónde venimos. Para los catalanes contemporáneos, hubo un antes y un después con la muerte del dictador Francisco Franco ¡hace 49 años! La transición política, actualmente tan denostada, ha significado, en realidad, una ruptura radical con el pasado, con la excepción de la institución monárquica que nos legó el “Generalísimo” y que continúa vigente, si bien sometida al orden constitucional democrático. La firma del rey Felipe VI a la controvertida ley de amnistía para los independentistas catalanes inmersos en causas judiciales, aprobada por el Congreso de los Diputados, es una prueba fehaciente.
Estos casi 50 años no han pasado en balde. Como sucede en todas partes, surgen quejas que nuestra democracia es imperfecta, pero está sólidamente afianzada. ¡Nada que ver con la falta de libertades, el férreo centralismo y la represión feroz que sufrimos durante la dictadura!
El camino se hace andando: la sociedad evoluciona y siempre surgen nuevos problemas y conflictos que hay que abordar y resolver, desde la base del diálogo y de la negociación, que es la esencia de la democracia. Una de las formas que han encontrado las administraciones a la hora de afrontar situaciones complejas que desbordan sus competencias o sus capacidades es la colaboración, en forma de consorcio.
De consorcios, hay de muchos tipos. Desde los que reúnen solo ayuntamientos, hasta los que cobijan en una misma estructura a varios niveles de la administración. Así, tenemos consorcios ayuntamientos-Generalitat, ayuntamientos-Estado, diputaciones-Generalitat, Generalitat-Estado, etc.
El consorcio es una forma inteligente y sensata de abordar proyectos y de resolver rompecabezas, siempre con economía de costes y pensando en el beneficio de la población. Por ejemplo, la gestión de las Cercanías de Renfe, incorporando la red de los FGC, solo se puede solucionar racionalmente con la fórmula del consorcio.
Algo parecido pasa con la recaudación y distribución de los impuestos en Cataluña, donde intervienen varias instancias administrativas (ayuntamientos, Área Metropolitana de Barcelona, consejos comarcales, diputaciones, Generalitat y Estado). Un consorcio tributario que las reúna y coordine es la manera más eficaz para simplificar y hacer más transparente su gestión.
La creación de este consorcio ya estaba prevista en la reforma del Estatuto del 2006 y pasó el filtro del Tribunal Constitucional. Se iniciaron negociaciones para ponerlo en marcha, pero quedaron aparcadas por el ciclón del proceso. Por consiguiente, su implementación solo depende de la buena voluntad y de la capacidad de los actores políticos directamente concernidos para llegar a acuerdos: el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSC y ERC.
Todas las comunidades autónomas tienen sus organismos tributarios propios. Si se perfila y concreta el consorcio tributario de Cataluña, entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), se crearía un nuevo modelo de gestión de los impuestos que podría ser aplicado en otros territorios, avanzando, de este modo, por la vía de la reforma del Estado, en clave federal.
En la actualidad, la Generalitat recauda el 100% de los impuestos de transmisiones patrimoniales; sucesiones y donaciones y patrimonio; el 50% del IRPF; el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol). De este capítulo solo queda excluido el impuesto sobre sociedades, que asume, en exclusiva, la AEAT. Además, el Gobierno catalán ha implementado 15 impuestos propios, de alcance autonómico, que gestiona la ATC.
Desde la voluntad de diálogo y la lealtad institucional, es factible y es positivo que las administraciones colaboren e interactúen, siempre que sea para optimizar los recursos humanos y tecnológicos y buscando la máxima eficacia. ¿Por qué no se activa una plataforma de “ventanilla única”, a través de la cual el ciudadano pueda gestionar y liquidar todas sus obligaciones fiscales y las tasas (locales, metropolitanas, autonómicas y estatales)?
Por consiguiente, con una mirada moderna y práctica, en este futuro consorcio tributario de Cataluña, además de la AEAT y la ATC, también se podrían acoplar las otras administraciones que tienen asignadas funciones recaudatorias, como son los ayuntamientos, el Área Metropolitana de Barcelona, los consejos comarcales o las diputaciones.
Si las normas son claras -que deben serlo- ¿qué más da que la distribución de los recursos fiscales se haga desde Cataluña o desde Madrid? Da igual si el dinero recaudado se reasigna aquí o allá: si primero viaja a Madrid y después se devuelve aquí el que corresponde o se segrega aquí el que corresponde y se envía a Madrid la parte acordada, destinada a subvenir el funcionamiento del Estado y la lógica cuota de solidaridad con las comunidades autónomas que necesitan impulsar su crecimiento.
Antes, el dinero se trasladaba de lugar con diligencias o con furgones blindados. Ahora, con las teclas de un ordenador o de un teléfono móvil las transferencias son instantáneas. Por consiguiente, el debate sobre el “concierto económico” o el “cupo catalán” ha devenido estéril. Legislación clara sobre la recaudación de los impuestos, legislación clara sobre su distribución, bajo el principio de la equidad y la justicia social: es todo lo que necesitamos.
Hay que tener presente que la realidad de la Unión Europea (UE) hace que, por agilidad y coherencia, los Estados sean los interlocutores cotidianos de Bruselas. Del mismo modo que ha pasado con la moneda única y con todas las resoluciones que emanan de las instituciones comunitarias, nuestra vida está cada vez más condicionada y determinada por la UE.
En este sentido, asistiremos, tarde o temprano, a una progresiva armonización fiscal entre los Estados miembros que acabe, por ejemplo, con el “dumping” que practican países como Luxemburgo, Irlanda o los Países Bajos. Por consiguiente, fórmulas atípicas como la “financiación singular” o ”financiación a la carta” que reclama el independentismo catalán -o el concierto económico de Euskadi y Navarra- van a contracorriente de la tendencia uniformizadora que está en la base de la UE y de su futura conversión en los Estados Unidos de Europa.
