La defensa del jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido a la Audiencia Nacional que le aplique la ley de amnistía y archive el procedimiento contra él en el caso Tsunami Democràtic, que investiga una supuesta actividad terrorista por parte de esta plataforma independentista en otoño de 2019. En el caso, el magistrado Manuel García-Castellón, investiga a una decena de activistas y políticos. El Tribunal Supremo investiga una parte de este sumario en cuanto al mismo Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg, puesto que son aforados.
El abogado de Alay, Gonzalo Boye, recuerda que la ley de amnistía solo prevé algunas excepciones, una de las cuales es el terrorismo, según la definición de la Unión Europea, y hechos que hayan causado, de forma intencionada, graves violaciones de los derechos humanos. Según el escrito, ninguno de los hechos investigados en el caso Tsunami se pueden enmarcar en esta definición. De hecho, Boye considera que querer enmarcar esas movilizaciones como terrorismo supone la “criminalización del ejercicio de derechos fundamentales”. Así, recuerda que el Consejo de Europa recomendó en 2021 no procesar a los políticos kurdos por terrorismo.
También recuerda que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la vulneración de los cuales podría suponer la exclusión de la amnistía, prohíbe quitar la vida a alguien de forma intencionada, cosa que no pasó en el caso de Tsunami. En este punto, recuerda que el turista francés muerto por un infarto en el aeropuerto de Barcelona durante la movilización de la plataforma independentista no se puede considerar como una víctima de terrorismo y tampoco causada por la manifestación.
