Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo (TS) que actuaron en el juicio a los líderes independentistas, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, han enviado un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde insisten en que la malversación no es amnistiable, y donde apuntan que se apartarán si García Ortiz les impone defender el criterio contrario. El documento, de nueve páginas, es la respuesta que dan a la petición del fiscal general, que este martes les pidió que redactaran un informe sobre la amnistía con criterios técnicos y sin consideraciones políticas.
En el documento los fiscales insisten –tal como habían hecho en sus escritos anteriores- en que la aplicación de la amnistía al delito de malversación «es improcedente y contraria a las leyes» porque «no se ajusta a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma». Los fiscales también recuerdan que en caso de que García Ortiz considere que la amnistía se tiene que aplicar en el caso, «prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos a los informes que se adjuntan», tendrá que emitir una orden «por escrito, de manera motivada y fundamentada», y después actuar de acuerdo con lo que establece el Estatuto del Ministerio Fiscal, es decir, convocando una Junta de Fiscales de Sala.
Piden mantener órdenes de detención e inhabilitaciones
Los fiscales también proponen mantener las órdenes de detención dictadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Lo argumentan asegurando que el levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención solo se pueden acordar en caso de que el órgano judicial competente determine finalmente que las conductas que se les imputan son amnistiables, «hecho que no pasa en el presente caso en relación con el delito de malversación».
En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, apuntan en dirección contraria y apuestan por revocar la orden de detención y remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal, y en el caso de la exconsejera Clara Ponsatí –procesada por desobediencia- proponen la extinción de la responsabilidad criminal porque creen que este delito sí que se puede amnistiar.
La Fiscalía también defiende que se mantenga la inhabilitación del ya expresidente de ERC, Oriol Junqueras, del secretario general de Junts, Jordi Turull, y de los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa. Entiende que en la medida que no se puede amnistiar la malversación, las condenas de inhabilitación impuestas por el Tribunal Supremo «no pueden considerarse finalizadas y extinguidas».
Proponen ir al TJUE y al TC
En el documento, los fiscales también proponen que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la amnistía a los delitos de desobediencia y subsidiariamente de malversación, y que mientras tanto se suspenda el procedimiento de amnistía mientras no llegue la respuesta de Europa. Además, consideran que también hay que plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), «teniendo en cuenta que la citada norma puede ser inconstitucional al vulnerar principios, valores y derechos constitucionalmente reconocidos».
