El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado una providencia donde da diez días a las partes personadas en la causa de Tsunami Democràtic para que lo informen sobre si consideran o no que hay que aplicar la ley de amnistía. El juez señala que de acuerdo con lo que establece la ley, los magistrados tienen que determinar si la norma se aplica o no en los casos concretos, y lo pueden hacer de oficio o a instancia de una parte o de la Fiscalía, pero siempre después de escuchar los argumentos del ministerio público y del resto de partes personadas.
En la causa de Tsunami están investigados la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el exconsejero republicano Xavier Vendrell; el miembro de la junta directiva de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; los empresarios Josep Campmajó y Oriol Soler; el periodista Jesús Rodríguez, el banquero Nicola Flavio y el contable Jaume Cabaní. Parte de las defensas ya han pedido este lunes la aplicación de la ley, como es el caso de Rovira, Molina y Vendrell -a través de ERC- y de Serra. Gonzalo Boye, que lleva el caso de Alay, esperará a que el magistrado actúe antes de dar el paso.
A pesar de que la causa se empezó a instruir en 2019, no fue hasta noviembre de 2023 que el juez decidió investigar los hechos como terrorismo, supuestamente para esquivar los efectos de la ley de amnistía que entonces se estaba negociando.
