El Tribunal Supremo ya ha dado sus primeros pasos tras la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este martes. El juez instructor Pablo Llarena ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se posicionen sobre cómo creen que debe aplicarse la norma, y ha mantenido, de momento, la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la exdiputada y dirigente de ERC Marta Rovira, y los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín.
Llarena ha comunicado a los cuerpos y fuerzas de seguridad que «siguen vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» que dictó en enero de 2023, y, por tanto, «que deben proceder a su cumplimiento mientras estas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».
En su auto, Llarena recuerda que la amnistía debe aplicarse a los actos tipificados en el artículo 1 de la ley, que contiene todos los hechos amnistiables, pero destaca que quedan fuera los que constan en el artículo 2, que establece las exclusiones, y destaca que «corresponde al poder judicial identificar a las personas concretas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley en sus respectivos casos».
Paralelamente, la sala penal, que juzgó a los líderes del procés, y la instructora de la causa del Tsunami, Susana Polo, también han pedido a las partes que se pronuncien en un plazo de cinco días y diez días, respectivamente.
