El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra el decreto de régimen lingüístico en la escuela que aprobó el gobierno de la Generalitat el 14 de mayo. La asamblea sostiene que el decreto vulnera derechos fundamentales amparados en la Constitución, como el de no discriminación; y supone una infracción del ordenamiento jurídico «por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite la ley».
Además, rebate que no reconoce el castellano como lengua ni oficial ni propia y, por lo tanto, «no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la administración educativa». La AEB solicita la nulidad del decreto y pide que se suspenda su entrada en vigor de manera cautelar. De hecho, el juzgado acuerda formar una pieza separada para tramitar la medida cautelar que solicita la asamblea.
En un comunicado, la AEB ha manifestado su «indignación» por el «reiterado desamparo» de los ciudadanos catalanes «en las prácticas sectarias en el ámbito lingüístico de la Generalitat». Además, ha criticado que el gobierno español no haya actuado en contra de este decreto y que tengan que ser los ciudadanos los que tengan que ir a los tribunales «para impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos».
La norma establece el catalán como lengua «normalmente empleada como vehicular» y de aprendizaje del sistema educativo y en la acogida de los alumnos recién llegados – y el aranés para los centros de Arán-. Añade que también lo es en las actividades educativas, incluidas las extraescolares; las comunicaciones internas de los centros y en la proyección externa y de relación con el resto de la comunidad educativa.
