El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves, 30 de mayo, la ley de amnistía. Después de cinco meses de tramitación y de un veto del Senado, la ley ha obtenido 177 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos, PNV, BNG y el diputado no adscrito José Luis Ábalos) y 172 en contra (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) y ha quedado lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicada en el BOE, la norma quedará en manos de los jueces, que disponen de dos meses para aplicarla, pero que tienen la posibilidad también de plantear cuestiones prejudiciales a la justicia europea para entorpecer el proceso.
La aprobación se ha hecho efectiva después de un debate que ha durado poco menos de dos horas y que ha ido seguido de una votación nominal y de pie. Desde las fuerzas que apoyan la norma han celebrado la ley calificándola «histórica» y, según el PSOE, necesaria para facilitar un cambio de ciclo en la política española. El independentismo catalán, en cambio, ha remarcado que la amnistía supone un acto imprescindible de reparación de las «injusticias» cometidas durante la «represión» en el proceso independentista.
Con todo, la izquierda del PSOE y las fuerzas independentistas han coincidido en señalar que sin una regeneración democrática esta «victoria» se queda corta, mientras que el PP ha pedido elecciones anticipadas y Vox ha calificado la votación como el peor atentado desde 1978, hecho que excluye el golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981.
En manos de los jueces
Una vez aprobada la ley y publicada al BOE, y tal como consta en el artículo 4.1 de la ley, los jueces que tienen causas relacionadas con el proceso independentista tendrían que dictar «el levantamiento inmediato» de las medidas cautelares que pesan contra los investigados por el proceso independentista, y también la extinción de «todas las órdenes de detención internacionales y estatales».
Con todo, los magistrados pueden presentar también cuestiones prejudiciales sobre este punto con el objetivo de parar la aplicación de la norma, tal como recomienda la guía anti amnistía de 126 páginas que la autodenominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial hizo llegar a todos los jueces a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la semana pasada.
Del resultado de estas maniobras depende la aplicación de la norma a centenares de encausados y condenados por el proceso (372, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños). Entre estos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, así como los ex consejeros Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que dejarán de estar inhabilitados.
Siete años de judicialización y cinco meses de trámite
La votación de esta mañana pone punto final a un largo periplo político que se remonta a la detención y el exilio de los responsables de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017. De hecho, una de las primeras veces en que se hizo mención pública de la amnistía fue en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona el mes de noviembre de aquel mismo año, cuando el entonces regidor de los Comunes Gerardo Pisarello, hoy diputado en el Congreso, la planteó como una salida a la situación política catalana.
La opción de reclamar una ley como la que ya se aprobó en las Cortes el 1977 para acabar con la represión franquista fue cogiendo cuerpo durante la época en que algunos dirigentes independentistas estaban en prisión y la otra mitad en Bélgica. Tanto es así, que a las elecciones catalanas del 21 de diciembre del 2017, partidos como ERC, la CUP o los Comunes y entidades como Òmnium Cultural ya situaron esta propuesta como una posible solución.
Aun así, el camino hasta la aprobación de la ley se ha ido pavimentando con otras medidas de desjudicialización que han servido como campo de pruebas. Es el caso de los indultos a los condenados por el Supremo por el 1-O (2021) o la derogación del delito de sedición (2022). Ambas iniciativas contaron con el apoyo del PSOE, que fue modulando su posición respecto a los hechos del 2017 desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno español con una moción de censura que recibió el apoyo del independentismo.
Cinco meses de tramitación
La amnistía se consolidó como una opción políticamente viable después de las elecciones del 23 de julio de 2023. En aquel momento, los resultados dibujaron un escenario incierto, donde cualquier mayoría para evitar una repetición electoral o un gobierno con PP y Vox pasaba por un nuevo acuerdo entre la izquierda española y los partidos independentistas. En este punto, Junts y ERC arreciaron su apuesta por la amnistía y la plantearon como condición imprescindible para investir el líder socialista.
Una vez consiguió revalidarse en la Moncloa, Sánchez activó el engranaje para aprobar la ley, que se votó por primera vez en el Congreso solo un mes después de la investidura. A partir de aquí, la tramitación comenzó un camino tortuoso de negociaciones y tensiones entre socios sobre el alcance de la norma que casi la hizo descarrilar en enero pasado. Superadas las discrepancias, la ley llegó al Senado, donde la mayoría absoluta del PP la vetó, para devolverla en la cámara baja que, previsiblemente, lo aprobará dentro de unas horas.
Sin manifestaciones
Si bien la amnistía ha ido acompañada de manifestaciones y protestas de todo tipo durante meses, su trámite final se desarrollará en el Congreso de los Diputados en un ambiente aparentemente tranquilo en las calles. De hecho, no ha convocada ninguna gran acción de rechazo contra la norma a Madrid. Tampoco la sede central del PSOE de la calle Ferraz, epicentro de concentraciones ultra durante las primeras semanas de tramitación, ha tenido ningún incidente relevando los últimos días.
De hecho, la última concentración contra la amnistía la celebró el PP este mismo domingo en la Puerta de Alcalá de Madrid. El partido afirmó que asistieron 80.000 personas, cifra que la delegación del gobierno recortó hasta las 20.000 manifestantes.
