Los colegios de abogados catalanes se han opuesto a la centralización y unificación de algunos juzgados de violencia contra la mujer en determinadas ciudades, como propone el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Según el Consejo de Colegios de la Abogacía Catalana (CICAC), el hecho de que algunas víctimas tengan que desplazarse más kilómetros para poner o ratificar una denuncia puede hacerlas desistir de seguir el procedimiento judicial. En cambio, según Justicia, la unificación en juzgados especializados permitiría dar una mejor atención a estas mujeres.
Según el informe que ha enviado CICAC a Justicia para que reconsidere su propuesta, el cual ha avanzado La Vanguardia, la unificación “no solo es contraria a la normativa vigente sino que perjudica gravemente tanto a las mujeres víctimas y sus hijos menores como al funcionamiento de los juzgados afectados por esta reforma”. De hecho, la abogacía catalana recuerda que uno de los aspectos más destacables de la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género fue habilitar juzgados de violencia machista en cada partido judicial para facilitar la proximidad en el proceso de denuncia y ganar en especialización y sensibilidad. También la ley catalana para la erradicación de la violencia machista de 2008 señala que “las mujeres que se encuentran en riesgo o en situación de violencia machista tienen derecho a recibir de forma inmediata, de las administraciones públicas de Cataluña, una protección integral, real y efectiva”.
La centralización de los juzgados afectaría a los partidos judiciales del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Barcelonès y Camp de Tarragona y, según el informe, además del aumento de distancia y tiempo en los desplazamientos actuales y futuros, causaría la sobrecarga de trabajo de algunos de los juzgados. Así mismo, los abogados añaden que este cambio provocaría un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ya de por si las mujeres víctimas de violencia machista, incidiendo de manera especialmente negativa en la situación en la cual se encuentran las mujeres menores, las incapacitadas (físicas e intelectuales) y las que solicitan asilo por razón de género, respecto de las que se tiene que evitar la “peregrinación” y “doble victimización”.
La aplicación de esta medida, según el CICAC, no tiene en cuenta las consecuencias negativas que puede suponer para las víctimas el hecho de desplazarse desde su lugar de residencia hasta otra ciudad o población. A esto se le tiene que dar gran relevancia teniendo en cuenta que gran parte de las mujeres que sufren violencia machista no denuncian los hechos o retiran la denuncia: “Creemos que el cambio que se propone agraviaría este hecho y propiciaría la impunidad de las conductas y delitos de violencia machista así como la desprotección de las víctimas”, señalan los abogados catalanes, que creen que la propuesta también sería contraria al Convenio de Estambul, que establece que las medidas de asistencia inmediata a las víctimas son obligadas y tienen que estar en consonancia con las medidas de asistencia jurídica en los juzgados de violencia contra la mujer.
“Se tiene que tener en cuenta también la afectación gravemente perjudicial que esta medida tendría para los hijos e hijas menores de las mujeres víctimas de violencia machista, también considerados por el Convenio de Estambul como víctimas de la violencia machista y que tienen que recibir la debida protección y apoyo”, añade el informe. En este sentido, se tiene que tener en cuenta que muchas de las mujeres víctimas no disfrutan de apoyo familiar y/o recursos económicos para hacerse cargo de sus hijos e hijas cuando tienen que acudir a los juzgados, y se ven obligadas a que las acompañen, con los efectos que esto supone para los menores.
