La Batllia de Andorra ha absuelto este miércoles la psicóloga social y presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, quien se enfrentaba a una pena de 6.000 euros de multa, seis meses de inhabilitación y 6.000 euros de indemnización para el Gobierno por un delito menor continuado contra el prestigio de las instituciones andorranas, a raíz de su participación, en 2019, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.
En declaraciones a la prensa después de conocer la sentencia, la activista andorrana ha reconocido que no se esperaba la absolución, y ha lamentado el «linchamiento» que ha recibido durante estos últimos cuatro años, desde que el Gobierno de Andorra la denunció. «Estoy contenta porque esto quiere decir que la libertad de expresión ha ganado», ha manifestado la presidenta de Stop Violències, que ha señalado, sin embargo, que su objetivo no se ha cumplido porque el aborto continúa siendo ilegal en todos los supuestos en el Principado. Cortés ha considerado que la decisión del tribunal supone un inicio de «reparación», y ha instado a continuar luchando ante un «gobierno peligroso» que «no duda en perseguir y represaliar a la ciudadanía».
El activista cree que se tendrían que pedir dimisiones, entre ellas las del jefe del ejecutivo del Principado, Xavier Espot, porque, como ha destacado, «nadie ha demostrado aún que he mentido». Por su parte, el abogado de la presidenta de Stop Violències, Miquel Bellera, ha celebrado que el tribunal «haya hecho este paso en el sentido que proponen los tribunales internacionales», y ha apuntado que la sentencia -que no es firme y, por lo tanto, se puede recurrir- sienta un precedente en el país en la defensa de la libertad de expresión donde, ha detallado, había una falta de jurisprudencia.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para Cortés una pena de hasta cuatro años de prisión, petición que retiró a raíz de la presión internacional recibida de organizaciones como Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, entre otras. De hecho, Amnistía hace años que expresa su “profunda preocupación en materia de derechos humanos” por el juicio contra la defensora de los derechos de las mujeres, y la comisaria de derechos humanos del Consejo, Dunja Mijatović, exigió a Andorra garantizar el derecho a la libertad de expresión de Cortés señalando que su procesamiento judicial “socava su libertad de expresión y tiene un efecto paralizador en el trabajo de las defensoras de los derechos humanos, así como en otras personas que defiendan los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra”.
En el juicio, el abogado de la presidenta de Stop Violències destacó que el presunto delito por el cual se la ha juzgado “es contrario al derecho internacional”, puesto que “el derecho al prestigio no existe” y, en cualquier caso, «el prestigio del Estado tiene que ser demostrado por parte del Estado y no lo ha hecho». “La libertad de expresión tiene que ser respetada en situaciones chocantes, no solo en las fáciles”, defendió Bellera, que destacó que Andorra se estaba jugando su prestigio precisamente con este juicio. El gobierno que preside Xavier Espot denunció a la activista por el contenido del informe que entregó a la CEDAW y por algunas afirmaciones que hizo, como por ejemplo que las niñas y las mujeres andorranas que quieren abortar son obligadas a parir, hecho que ratificó uno de los testigos de la defensa, el doctor Eric Silvestre.
