El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, cree que la fórmula para el retorno de las empresas que se marcharon en 2017 de Cataluña tiene que ser «en positivo» y no con «coerción». «Este es un tema sobre el cual estamos iniciando los trabajos, todavía no hay una tesis definitiva, estamos empezando la legislatura y tenemos muchas cosas a habla», ha dicho este miércoles en el Senado. Para Hereu, hace falta un «diálogo sincero», cosa que no supone «aceptar cualquier tesis».
Juntos reclamó ayer revertir el decreto que facilitó deslocalizar las sedes de firmas catalanas durante el proceso el 2017. El portavoz del partido, Josep Rius, defendió también sancionar las compañías que no quieran volver e incentivar con medidas fiscales las que ya estén en Cataluña.
La propuesta de Junts ha recogido críticas por parte de la Generalitat de Cataluña y de organizaciones empresariales como Foment del Treball. En el caso del gobierno catalán, su portavoz, Patrícia Plaja, dijo que no se consideraba «oportuno» incentivar a las empresas que cambiaron su sede social durante el proceso independentista. A su parecer, se estarían «penalizando las empresas que se mantuvieron en» el territorio.
En el caso de Foment, defendió que las empresas que marcharon, como el Banco de Sabadell, Colonial o CaixaBank, vuelvan «cuando lo consideren necesario» y haya «normalidad institucional» y «un clima económico favorable». La patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec también descartó multar a las compañías que marcharon después del 1-O, pero avalaron la propuesta de incentivar el retorno de las sedes.
