El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado pronunciarse sobre la amnistía hasta que se apruebe la ley y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En todo caso, ha remarcado que el posicionamiento tendría que ser «técnico y jurídico», a través de las vías estatutarias y en los procedimientos en los cuales se pida la intervención del Ministerio Fiscal.
Álvaro García Ortiz dice que «el Fiscal General del Estado tiene que mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal, en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le sean encomendados», ha añadido en una carta que ha enviado a la carrera fiscal después de que la Asociación de fiscales le pidiera la dimisión por su «pasividad» con la amnistía.
Para García Ortiz, «cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto a una futura amnistía de los hechos ocurridos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento después de su pública al BOE».
Así se ha expresado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una carta enviada este jueves por la mañana a los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Javier Zaragoza, así como a todos los miembros de la carrera fiscal.
En la misiva, García subraya que el Ministerio Fiscal «tiene que respetar el principio de separación de poderes consustancial en el estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».
En este sentido, recuerda que la norma estatutaria de la fiscalía prevé como una de sus primeras funciones la de «velar por el respecto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuántas actuaciones exija su defensa».
También añade que «la observancia del derecho vigente y la sujeción a primeros de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal», y admite que esto pasa a veces «en las más difíciles condiciones». «El que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que los fiscales de nuestro país tienen encomendada», sostiene.
García Ortiz concluye la carta remarcando que el Fiscal General del Estado «velará siempre por la autonomía» de los fiscales «en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas».
