Entidades sociales se han concentrado este lunes para defender la reserva del 30% en las nuevas construcciones para vivienda social en Barcelona. «La medida funciona», ha dicho la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, quien ha acusado a los partidos políticos de querer tumbar la medida. Los portavoces han coincidido en que si no se han alcanzado las cifras de vivienda social esperadas ha sido por la decisión de no suspender licencias que ya estaban en curso, por la pandemia, que bloqueó las actividades, y por la falta de inspecciones del consistorio. «Si se hubieran hecho inspecciones rigurosas, ahora en la ciudad habría más pisos», ha dicho Delgado. Las entidades piden al Ayuntamiento de Barcelona más recursos para hacer cumplir su reserva y evitar fraudes.
Jordi González, del Sindicat de Llogaters, ha explicado que antes de la medida del 30% «la vivienda protegida sólo se podía situar en zonas periféricas o en zonas con grandes rehabilitaciones, por tanto, en la ciudad ya construida prácticamente no se las ha situado». podía hacer nunca». Delgado, por su parte, ha dicho que «no es casual que ahora en 2023 cuando la medida comenzaba a funcionar al 100% hayan surgido las críticas por parte de las promotoras y ciertos partidos como el PSC sobre su funcionamiento». Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, ha señalado que «la medida del 30% es clave para que las familias barcelonesas puedan vivir en su ciudad -tanto en el centro como en los barrios- a un precio asequible y que el centro no quede sólo para ricos y turistas».
