«La independencia se hace contra alguien y las consideraciones democráticas van detrás”

El presidente de la Sociedad de Estudios Militares (SEM), que promueve que Cataluña tenga un ejército propio, Pol Molas, considera que “la independencia se hace contra alguien –el Estado español y sus delegados de ocupación- y eso va de existencia. Las consideraciones democráticas, pese a ser importantes, van detrás de esto”. Lo afirma en el artículo “Acabar el trabajo”, publicado el pasado 30 de julio en el portal digital esperit.cat. «El conflicto entre Cataluña y España no se resolverá con la independencia» afirma y reclama que «no se puede dejar ningún margen de actuación a ningún fleco del aparato del Estado español que permanezca en la Cataluña independiente».

Para Molas, habitual analista de conflictos militares en TV3 y Catalunya Ràdio aunque no tiene ninguna formación académica que lo justifique, «más de tres siglos de ocupación requieren hacer limpieza». Este “hacer limpieza” requiere, a su juicio, “evitar cualquier conato de insurgencia” y esta acción debe hacerse “de forma fría y metódica”. “La represión –sí, la palabra es represión– indiscriminada acaba antagonizando aquellos elementos que por carácter no serían proclives a la insurgencia”, dice y añade que “interesa que en este conflicto no aparezcan terceros actores que obliguen a una solución de compromiso, que lo único que conseguirían sería perpetuarlo”. «Tiene que haber ganadores y perdedores», sentencia.

Señala tres grupos a neutralizar: los elementos del españolismo violento -grupos de extrema derecha y ultras del fútbol- y los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los dirigentes de las patronales, sindicatos y medios de comunicación unionistas y los políticos unionistas. En relación a los primeros cree que «una vez alcanzada la independencia, ya no tendrán la cobertura policial y jurídica, de forma que incluso sin ser ilegalizados -algo recomendable- podrán ser procesados por la más mínima acción».

En cuanto al segundo grupo, cree que “como punto de partida básico apostamos por una eliminación general de cualquier tipo de subvención, mediante una ley anticlientelismo. Una medida que también liquidará de paso a todos aquellos que han vivido del catalanismo/procesismo. Sin embargo, esto no es suficiente. Es aquí donde proponemos una Comisión de Responsabilidades que señale lo que hizo cada uno de los actores socioeconómicos desde el 1 de Octubre de 2017, fecha que utilizamos como momento fundacional —hubo un referéndum y lo ganamos. La Comisión de Responsabilidades elaborará un informe exhaustivo a partir del cual se tendrán que determinar las medidas pertinentes. Pero el principio general que las sobrevolará en todo momento será éste: ‘el colaboracionismo no te saldrá gratis’”. A las personas que se negasen a comparecer ante esta Comisión se les embargarían sus propiedades y se presentarían órdenes de detención internacionales contra ellas. “La existencia del Español sólo se entiende como instrumento de ocupación. Su cobertura reiterada a grupos de ultraderecha unionistas es suficiente para declarar su disolución”, afirma.

A los «elementos políticos» les sometería también a esta Comisión de Responsabilidades si bien asegura que «no somos partidarios de ilegalizar partidos unionistas». Lo justifica diciendo que “esto es más por una cuestión práctica que democrática. Cualquier procedimiento contrainsurgente debe contar con una “cartografía” de la población potencialmente proclive a apoyar a los insurgentes”. Exige, eso sí, “una estrategia nacional que busque garantizar una disuasión consistente”. “Teniendo presente que la carta de proteger a las minorías nacionales en el exterior ha sido una excusa para la agresión, no debemos descartar que el Estado español la juegue. Así pues, desarticular cualquier conato de insurgencia es primordial”, propone.

Molas acaba diciendo que “esta estrategia debe conducirse con la combinación de firmeza y finura descrita” que “corre en paralelo con nuestra disuasión militar convencional, pero no podemos olvidar que ésta se emplea contra las amenazas exteriores. No entenderlo no sólo sería antidemocrático sino torpe y contraproducente”.