Santiago Abascal y Carles Puigdemont comparten, desde posiciones opuestas, un mismo objetivo: cargarse el marco constitucional del 1978. El primero promueve, en el programa electoral de Vox, el vaciado de competencias de las comunidades autónomas y la recentralización del Estado; el segundo, pregona la confrontación y el boicot permanente a los poderes constitucionales como método para conseguir la secesión de Cataluña.
No hay que decir que, en las últimas décadas, España ha evolucionado muchísimo y de manera positiva, en especial desde la integración en la Unión Europea (UE). Buena parte de este éxito hay que atribuirlo a la existencia de las comunidades autónomas, que han acercado el debate político y la fijación de prioridades y toma de decisiones a las inquietudes y anhelos de la ciudadanía.
Volver a un modelo centralista como el que existía durante el franquismo, como propugna Vox, es no entender la diversidad de España y es una provocación destinada a levantar una contundente respuesta territorial. Atentar contra la soberanía y las competencias de los parlamentos autonómicos es algo que Santiago Abascal pagará muy caro en las urnas, si sus adversarios políticos saben sacarle punta.
Algo parecido pasa con el partido de Carles Puigdemont y su apuesta por romper el Estado español y proclamar la independencia de Cataluña. Después de pasar más de cinco años refugiado en Bélgica, el ex-presidente de la Generalitat todavía no ha entendido que el proyecto que promueve, “donec perficiam”, es la antítesis de los principios fundacionales de la UE y que merece el rechazo más absoluto de las autoridades comunitarias por sus flirteos con el régimen del sátrapa criminal Vladímir Putin.
(¡Y después, todavía se sorprende que el Tribunal General de la UE le haya retirado, sin contemplaciones, la inmunidad parlamentaria! ¡Hay que ser miope para no verlo!).
Lo más grotesco es que, a la hora de la verdad, Vox y Junts no tienen ningún problema a hacer todo lo contrario de lo que predican. El partido de Santiago Abascal, que quiere dejar sin competencias a las comunidades autónomas, ha ejercido la máxima presión para poder entrar en los gobiernos autonómicos donde sumaba mayoría con el PP, como Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana… y acumular cargos y nóminas.
Por su parte, Junts no ha dudado en hacer numerosos pactos municipales con el PSC e, incluso, con el PP para obtener cuotas de poder. Por no hablar del polémico pacto de la Diputación de Barcelona con los socialistas, que ha permitido, entre otras cosas, que Marcela Topor, la esposa de Carles Puigdemont, disfrutara de un escandaloso enchufe en los últimos cuatro años para hacer un programa de televisión en lengua inglesa (!) en la XAL.
Vox y Junts son los máximos exponentes que concurren a las elecciones del 23-J del nacionalismo hiperventilado. Uno, propone restablecer las fronteras interiores de la Unión Europea para, supuestamente, combatir la emigración ilegal. El otro, quiere levantar nuevas fronteras de la República catalana con Francia y en el oeste y en el sur del Ebro. Uno, quiere la omnipresencia obligatoria de la lengua española en las escuelas y en las calles; el otro, lo mismo, pero con la lengua catalana.
Los dos proponen una política fiscal con una sustancial rebaja de impuestos, en especial para las rentas más altas. También los dos cultivan el odio en las redes hacia los adversarios políticos más directos: el PSOE, en el caso de Vox; ERC, en el caso de Junts.
Lo más gordo es que saben, positivamente, que las propuestas más llamativas de sus programas electorales no tienen ningún tipo de recorrido. Para prosperar necesitan, en muchos casos, una modificación de la Constitución española y esto requiere articular unas mayorías parlamentarias que no están al alcance ni de Vox ni de Junts.
Del mismo modo que Vox resucita a ETA cada dos por tres, Junts lo hace con los GAL, los dos con el mismo objetivo: desgastar electoralmente al PSOE. El primero, porque considera que Bildu, que ha apoyado puntualmente a Pedro Sánchez en la pasada legislatura, es la continuación de ETA; el segundo, porque mezclando al PSOE con el GAL intentan desprestigiar a ERC, que ha negociado y ha conseguido los indultos para los presos del 1-O y la abolición del delito de sedición del Código Penal.
Vox y Junts mantienen inquietantes paralelismos, si les quitamos la rojigualda y la estelada de las manos. Uno y otro tienen activistas extremistas en sus filas, como pueden ser el ex-falangista Javier Ortega Smith o el ex-terralliure Fredi Bentanachs. El catalán Jorge Buxadé, el ideólogo de Vox, es el enlace con los movimientos internacionales de extrema derecha. Por su parte, Pilar Rahola, la propagandista influencer de Junts, no ha dudado en blanquear a la nueva alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, el referente de la extrema derecha independentista.
Las elecciones del 23-J son a cara o cruz: Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. El líder del PP sabe que puede contar con el apoyo de Vox para llegar a la Moncloa. ¿Y por qué no con el de Junts? La candidata Míriam Nogueras ya ha dejado muy claro que, en ningún caso, Junts hará Pedro Sánchez presidente. No olvidemos que en 1996, José María Aznar fue investido presidente del Gobierno gracias a los votos de CiU, el antecedente de Junts.
A veces, como en el caso de Vox y Junts, los extremos se tocan…
