22 propietarios agrícolas del litoral norte del delta del Ebro han interpuesto una demanda contra el Estado español para exigirle responsabilidades por la «inacción» que le reprochan ante la regresión, subsidencia y salinización que atribuyen a la gestión fluvial de los últimos 60 años.
Según recoge la Agencia Catalana de Noticias, la demanda que han presentado en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional incluye una petición de responsabilidad patrimonial que calcula que los perjuicios económicos causados por pérdida de terreno y de producción a estos propietarios suben a 22 millones de euros, un importe que cifra en 600 millones en todo el delta.
Los demandantes, representantes por el Col·lectiu Ronda, reclaman al gobierno español que actúe de forma urgente y decidida con medidas efectivas para proteger el delta, y acusan a los ejecutivos españoles de las épocas franquista y democrática de no haber hecho prácticamente nada pese a ser conscientes de la degradación de la zona.