La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha recibido una avalancha de críticas y reproches de sus correligionarios independentistas por haber manifestado este fin de semana, en una entrevista en el programa El Suplement (Catalunya Ràdio), que el 1-O «no tuvo suficiente legitimidad interna» y que el gobierno de Carles Puigdemont «no supo conectar una gran población de Catalunya al referéndum».
«Negar la realidad no ayuda a la victoria final. La realidad hay que mirarla en la cara para realizar un diagnóstico riguroso y valiente que permita encarar un nuevo embate con garantías de éxito», ha manifestado en Twitter después.
El expresidente del ANC Elisenda Paluzie y el secretario general de Junts y exconsejero, Jordi Turull, han sido dos de las figuras más conocidas del independentismo que han respondido a la dirigente republicana, pero más destacado aún ha sido el comentario de una figura menos conocida: el jurista y diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès.
El caso de Pagès es particular, y particularmente insólito, porque fue uno de los miembros de la sindicatura electoral del 1-O, disuelta días antes de esa votación ante la amenaza de multa del Tribunal Constitucional.
Esa sindicatura no sólo debía asumir funciones de autoridad electoral -supervisar la votación, como la Junta Electoral-, sino que también era imprescindible, según el plan independentista reflejado en las leyes de desconexión, ya que era la encargada de proclamar oficialmente los resultados en el plazo de dos días después de la votación, para que, en caso de una victoria del sí, se activara la ley de transitoriedad.
Sin embargo, Pagès ha manifestado en Twitter: «El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue legal, legítimo y vinculante. Los síndicos del 1-O fuimos el órgano electoral y por el simple hecho de formar parte de él nos jugamos años de cárcel. Marta Rovira o miente o no es la que conocimos aquellos días».
